Jubilados de Pemex y CFE exigen a la Secretaría de Energía corregir los topes a sus pensiones y los descuentos aplicados. La dependencia anunciará el 3 de noviembre los siguientes pasos para una mesa de trabajo.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados (Anajub) exigieron a la Secretaría de Energía (Sener) intervenir para restituir sus pensiones y eliminar los descuentos que atribuyen a la aplicación de la reforma al artículo 127 constitucional.
Durante una protesta frente a las oficinas de la dependencia, representantes de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reclamaron el respeto a las condiciones contractuales con las que obtuvieron sus prestaciones. La organización sostiene que las modificaciones vulneran derechos adquiridos.
La movilización concluyó con una reunión entre una comisión de la Anajub y funcionarios de la Sener. Según los representantes de los jubilados, no hubo una solución inmediata y la dependencia se comprometió a informar el martes 3 de noviembre sobre una mesa de trabajo con autoridades competentes.
Reclaman pagos y transparencia presupuestal
Jorge Porthoz, vocero de la Anajub por el sector petrolero e integrante del Frente Unido de Jubilados de Petróleos Mexicanos (FUJIPE), acusó a las autoridades de Pemex de negar el cumplimiento de sus obligaciones bajo el argumento de una supuesta falta de presupuesto.
El representante sostuvo que el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla recursos para respaldar estos compromisos y exigió transparentar su utilización, así como cubrir los incrementos que, afirmó, permanecen pendientes.
“Señora secretaria de Energía, como responsable del sector energético de nuestro país, le exigimos transparentar el uso de los recursos asignados para este fin y ordenar se nos paguen los incrementos que hasta esta fecha se nos deben”, manifestó Porthoz.
El vocero también recordó la movilización nacional del 21 de octubre y pidió a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo atender las afectaciones que, según la organización, derivaron de la reforma constitucional en materia de límites a las jubilaciones y pensiones de entidades públicas. –sn–
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