La falta de dinero, empleo y oportunidades pueden convertirse en una puerta de regreso a la delincuencia, advierte la legisladora.
Por Luis Muñoz | Reportero
Salir de los Centros de Reinserción Social y encontrarse con las puertas cerradas no puede (ni debe) ser el destino de quienes buscan una segunda oportunidad, razonó la diputada Rebeca Peralta León.
Por ello, la diputada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó ante el Pleno una iniciativa que busca evitar que las personas que recuperan su libertad queden abandonadas a su suerte, sin empleo, sin ingresos y sin posibilidades de comenzar una nueva vida.
Para enfrentar esta problemática propuso que las personas que salgan de un centro penitenciario capitalino, ya sea por cumplimiento de sentencia o de libertad anticipada, sean incorporadas automáticamente al Seguro de Desempleo, siempre que residan en esta capital y no tengan trabajo ni reciban ingresos incompatibles con este apoyo.
La iniciativa plantea adicionar el artículo 11 Bis a la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México, con el propósito de que el respaldo económico esté disponible desde el momento de la liberación, sin obligar a las personas a enfrentar trámites que pueden convertirse en obstáculos para su reinserción.
Peralta León dijo que una persona que sale de prisión enfrenta una realidad complicada: estigmatización social, falta de documentos actualizados, ausencia de redes de apoyo y enormes dificultades para conseguir trabajo.
A ello se suma la falta de ingresos durante las primeras semanas en libertad, una situación que puede profundizar su vulnerabilidad.
Por ello, la propuesta establece que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario deberá informar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y al Instituto de Reinserción Social sobre la fecha prevista de liberación, con al menos cinco días hábiles de anticipación. Cuando esto no sea posible, deberá hacerlo dentro del día hábil siguiente al egreso.
Destacó que uno de los principales cambios consiste en eliminar las barreras burocráticas para recibir el primer pago: no se exigirá convocatoria, oficio de canalización, comprobación de una relación laboral previa ni acreditación inicial de búsqueda de empleo.
Sin embargo, aclaró que el apoyo no será permanente ni incondicional; las personas beneficiarias deberán participar en actividades de búsqueda de empleo, capacitación o vinculación laboral que determine la autoridad.
Peralta León subrayó que no se trata de otorgar privilegios, sino de utilizar una herramienta de protección social que ya existe para atender una situación de vulnerabilidad y evitar que la falta de oportunidades destruya los esfuerzos de reinserción.
Finalmente señaló que la iniciativa también establece que el beneficio estará sujeto al monto, temporalidad, obligaciones y causas de suspensión previstas en las disposiciones aplicables, y que su implementación se realizará con cargo a los recursos ya aprobados para el Seguro de Desempleo y las acciones de reinserción social. –sn–
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