La Cofece abrió en 2022 una investigación por posibles prácticas monopólicas en contrataciones de material electoral. El expediente involucra a empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas y registra nuevas diligencias en 2026.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Las empresas vinculadas a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, contratistas relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE), quedaron bajo investigación por posibles prácticas monopólicas en licitaciones de material y documentación electoral desde 2022, nueve meses antes del nombramiento de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del organismo.
El expediente IO-003-2021, iniciado por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), documenta una investigación sobre posibles acuerdos entre competidores para manipular precios, limitar la oferta o coordinar posturas en procedimientos de contratación pública.
El caso vuelve a cobrar relevancia por los señalamientos recientes sobre la relación entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, así como por las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral.
La investigación comenzó formalmente el 7 de julio de 2022, cuando la Cofece publicó el aviso de inicio de oficio. En ese momento, Lorenzo Córdova Vianello encabezaba el INE; Taddei asumió la presidencia del Consejo General el 4 de abril de 2023.
Empresas bajo investigación
Aunque el aviso inicial de la Cofece no identificó públicamente a todas las compañías involucradas, los registros de la actual Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) relacionan el expediente con Cajas Graf, S.A. de C.V.; Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V.; Corporativo Zeg, S.A. de C.V.; y Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V.
En las notificaciones también aparece Raymundo Francisco Hernández Casillas, además de personas relacionadas con la representación legal y participación accionaria de las compañías.
El 22 de octubre de 2026, la autoridad notificó a las empresas involucradas sobre diligencias probatorias adicionales y les concedió un plazo para manifestar lo que a su derecho conviniera.
Este movimiento confirma que el expediente continúa teniendo actuaciones procesales, pese a que la investigación inicial concluyó formalmente en septiembre de 2024.
La investigación avanzó a una nueva etapa
El acuerdo de conclusión de la etapa investigadora, emitido el 10 de septiembre de 2024, no significó por sí mismo que las empresas fueran exoneradas ni que se hubiera determinado su responsabilidad definitiva.
De acuerdo con los registros institucionales, en diciembre de 2024 el Pleno de la Cofece ordenó iniciar el procedimiento seguido en forma de juicio. Posteriormente, en abril de 2025, se notificó a Raymundo Francisco Hernández Casillas un dictamen de probable responsabilidad por posibles prácticas monopólicas absolutas.
En octubre de 2026, la CNA todavía ordenaba diligencias probatorias adicionales relacionadas con las empresas involucradas. Por tanto, es importante distinguir entre la conclusión de la etapa de investigación y la resolución definitiva sobre las conductas señaladas.
¿Qué prácticas se investigaban?
La Cofece investigaba posibles acuerdos entre empresas competidoras para manipular precios, restringir la oferta, dividir mercados o coordinar posturas en licitaciones públicas.
La legislación en materia de competencia económica contempla sanciones para los agentes económicos que incurran en esas conductas, así como responsabilidades para las personas físicas que participen en ellas.
El aviso de inicio de 2022 advertía que, de acreditarse las prácticas monopólicas absolutas, las empresas podrían recibir multas de hasta 10 por ciento de sus ingresos y las personas físicas involucradas enfrentar las sanciones penales previstas en la legislación.
Sin embargo, la existencia de una investigación o de un dictamen de probable responsabilidad no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad. –sn–
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