Seis partidos políticos lograron revertir sanciones del INE por 97 millones de pesos mediante impugnaciones ante el Tribunal Electoral. El PRI concentra casi la mitad del monto, según información obtenida vía transparencia.
Por Gustavo García | Reportero
Los partidos políticos nacionales lograron revertir sanciones por aproximadamente 97 millones de pesos que les había impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE) por irregularidades en sus ingresos, gastos y registros de afiliación. Las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) permitieron a seis fuerzas políticas dejar sin efecto las multas, de acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de transparencia.
Casi la mitad del monto corresponde al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que concentra la mayor proporción de los recursos cuya sanción fue revocada. El caso vuelve a poner bajo atención la fiscalización del financiamiento de los partidos y los mecanismos judiciales mediante los cuales pueden controvertir las resoluciones de la autoridad electoral.
El monto comprende resoluciones emitidas durante un periodo de cinco años y refleja el resultado de distintos procedimientos de impugnación. No significa que el Tribunal haya eliminado indiscriminadamente las sanciones, sino que los partidos consiguieron resoluciones favorables en expedientes donde cuestionaron las determinaciones del organismo electoral.
El PRI concentra casi la mitad de las multas revocadas
De acuerdo con la información difundida, el PRI representa casi 50 por ciento de los 97 millones de pesos que seis partidos consiguieron dejar sin efecto mediante recursos legales.
Las sanciones originales estaban relacionadas con distintas irregularidades detectadas durante los procesos de revisión del INE, entre ellas inconsistencias en los reportes de ingresos y egresos, así como problemas vinculados con los padrones de afiliación.
Los partidos recurrieron a la instancia jurisdiccional para cuestionar los criterios, procedimientos y elementos utilizados por la autoridad administrativa electoral para imponer las multas.
El resultado fue la revocación de sanciones por un monto acumulado de aproximadamente 97 millones de pesos. Sin embargo, para establecer la distribución exacta entre las seis fuerzas políticas y las causas específicas de cada resolución es necesario consultar el desglose de los expedientes y las respuestas completas a la solicitud de transparencia.
INE y TEPJF: dos funciones dentro de la fiscalización electoral
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene entre sus atribuciones fiscalizar los recursos que reciben y ejercen los partidos políticos. Esta responsabilidad comprende la revisión de informes financieros, comprobación de gastos, identificación de ingresos no reportados y supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación.
Cuando encuentra irregularidades, el organismo puede iniciar procedimientos e imponer sanciones conforme a la legislación electoral.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisa las controversias que se presentan contra las resoluciones de las autoridades electorales. En estos procedimientos puede confirmar, modificar o revocar las determinaciones impugnadas, de acuerdo con los argumentos y las pruebas que integran cada expediente.
Por ello, una sanción revocada no equivale necesariamente a demostrar que nunca existió una irregularidad: significa que la resolución impugnada no se mantuvo en los términos establecidos por la autoridad electoral.
La fiscalización del dinero público, bajo revisión
La controversia adquiere relevancia porque los partidos políticos reciben financiamiento público y tienen obligaciones legales de transparencia, comprobación y rendición de cuentas.
La revisión de sus ingresos y gastos constituye uno de los mecanismos para vigilar el uso de los recursos destinados al funcionamiento de las organizaciones políticas y a sus actividades electorales.
En julio de 2023, por ejemplo, la Sala Superior del TEPJF confirmó una sanción al PRI por 97 millones 916 mil 665 pesos, relacionada con aportaciones por 39 millones 166 mil 666 pesos que el partido recibió de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua durante 2015. La resolución consideró acreditado que los recursos provenían de una fuente prohibida por la legislación electoral. –sn–
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