Claudia Sheinbaum confirmó que México conocía la orden de aprehensión contra Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por acusaciones de recibir dos millones de dólares para liberar a un presunto narcotraficante.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que autoridades de Estados Unidos solicitaron a México detener al juez federal Luis Benítez Alcántara, acusado de recibir dos millones de dólares para favorecer a un presunto operador del narcotráfico.
El juzgador abandonó territorio mexicano antes de que pudiera concretarse su captura y fue detenido el 1 de noviembre en Colombia, donde permanece bajo custodia mientras avanza el procedimiento solicitado por Washington.
La confirmación presidencial ocurre en medio de una investigación estadounidense que señala la presunta infiltración de estructuras policiales, militares y judiciales mexicanas por una organización dedicada a proporcionar información confidencial al narcotráfico.
México conocía la orden de captura
Durante su conferencia matutina de este miércoles 11 de noviembre, Sheinbaum explicó que el Gobierno mexicano tenía conocimiento de la orden de aprehensión emitida por el Departamento de Justicia estadounidense y que la solicitud de detención también había sido planteada en México.
La mandataria precisó que la notificación llegó unos días antes de que el juez fuera detenido en Colombia, aunque no detalló las circunstancias en que Benítez Alcántara salió del país.
“Habían solicitado su detención aquí. Él se fue fuera de México y fue detenido en Colombia, creo”, expresó.
Al ser cuestionada sobre el conocimiento que tenía su administración respecto de la presunta red de protección al narcotráfico, la presidente se limitó a confirmar que conocía la orden estadounidense.
“Conocíamos que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, señaló.
Ante la pregunta de si esa era toda la información que tenía el Gobierno mexicano, respondió afirmativamente.
Acusan al juez de recibir dos millones de dólares
La investigación de la Fiscalía estadounidense señala a Benítez Alcántara de recibir un soborno de dos millones de dólares para conceder la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación de Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado como uno de los principales operadores de la organización criminal atribuida a Ryan Wedding, exatleta olímpico.
De acuerdo con la acusación, Clark fue detenido en México en octubre de 2024, cuando enfrentaba señalamientos relacionados con narcotráfico, homicidio e intento de homicidio en Estados Unidos.
El expediente de extradición quedó bajo la responsabilidad del entonces juez federal, quien el 24 de febrero de 2025 concedió la libertad bajo fianza al canadiense y ordenó su salida de prisión.
Los fiscales estadounidenses sostienen que ese mismo día Benítez Alcántara recibió la totalidad del dinero acordado por facilitar la liberación.
Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta los cargos relacionados con las actividades de la organización.
El juez mexicano enfrenta nueve cargos federales por presunta complicidad posterior a la comisión de delitos. Estados Unidos busca obtener su extradición desde Colombia para procesarlo ante sus tribunales.
Investigan red de protección al narcotráfico
La investigación divulgada por Grupo Reforma, con base en actuaciones judiciales de Estados Unidos, expone la presunta existencia de una estructura de protección al narcotráfico que habría infiltrado distintas dependencias de seguridad mexicanas.
Según los señalamientos, la organización presuntamente encabezada por Édgar Aarón Vázquez Alvarado, alias El General, habría obtenido información confidencial sobre operativos, investigaciones en curso, órdenes de aprehensión y cateos.
Vázquez Alvarado fue identificado como presunto integrante de la estructura de protección de Wedding y señalado como líder del Cártel Nuevo Imperio.
La información publicada refiere que la organización ofrecía a sus clientes una suscripción de 500 mil dólares, además de pagos mensuales de 100 mil dólares, a cambio de información privilegiada y protección frente a las autoridades.
Entre los recursos que presuntamente proporcionaba también figuraban identificaciones oficiales alteradas y contraseñas para acceder a sistemas policiales y militares.
La estructura habría facilitado información que permitía a organizaciones criminales anticiparse a operativos, conocer investigaciones y evadir acciones de las autoridades. –sn–
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