La Comisión Mexicana de Derechos Humanos pidió transparentar la cooperación económica de México con Cuba y exigió al gobierno de La Habana terminar con las detenciones arbitrarias, la persecución religiosa y las restricciones a las libertades fundamentales.
Por Mireya Nájera | Reportera
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) exigió al gobierno mexicano transparentar los recursos públicos destinados a la cooperación con Cuba, identificar quiénes reciben esos apoyos y explicar qué mecanismos utiliza para verificar que la asistencia llegue efectivamente a la población.
El organismo también demandó a las autoridades cubanas poner fin a las detenciones arbitrarias, permitir la observación internacional independiente y garantizar las libertades de expresión, prensa, religión, asociación y manifestación pacífica.
Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, René Bolio, presidente de la CMDH, cuestionó la falta de información pública sobre el destino de los recursos mexicanos, mientras las familias cubanas enfrentan apagones prolongados y dificultades para acceder a alimentos, combustible y medicamentos.
El dirigente también pidió explicar cómo se distribuye el combustible recibido por la isla y expresó el respaldo de la Comisión a la labor humanitaria de Cáritas para entregar asistencia a las personas afectadas por la crisis.
La exigencia de transparencia se extendió a Brasil y a los demás gobiernos que mantienen programas de cooperación con La Habana. La CMDH planteó que los países donantes deben conocer el destino de sus aportaciones y contar con mecanismos verificables para evaluar sus resultados.
Presión internacional sobre La Habana
El pronunciamiento de la organización mexicana coincidió con la declaración conjunta de los ministros de Exteriores del G7, emitida el 11 de noviembre, tras su reunión en París, y respaldada por la alta representante de la Unión Europea.
En el documento, los gobiernos expresaron preocupación por la crisis económica y las necesidades humanitarias de la población cubana, particularmente por la escasez de alimentos, combustible y medicamentos.
También solicitaron mejorar los mecanismos de distribución de ayuda humanitaria y exhortaron a las autoridades de Cuba a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, avanzar en reformas políticas y económicas y garantizar la libertad de prensa, expresión y asociación.
La CMDH consideró que estas demandas requieren acciones concretas y mecanismos de supervisión independientes que permitan conocer las condiciones de las personas detenidas y verificar el destino de los recursos destinados a atender la emergencia.
Cinco exigencias al gobierno cubano
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos presentó cinco demandas específicas dirigidas a las autoridades de la isla.
1. Terminar con las detenciones arbitrarias.
Exigió permitir el acceso de observadores internacionales independientes para escuchar a las víctimas, documentar las condiciones de detención sin represalias y establecer un diálogo que incluya a representantes de la sociedad civil cubana.
2. Transparentar los recursos destinados a la emergencia.
Solicitó publicar información sobre la distribución del combustible, los alimentos y los medicamentos, identificar a los sectores beneficiados y presentar resultados verificables de los programas de asistencia.
3. Cesar el hostigamiento contra periodistas y activistas.
Demandó garantizar que periodistas, creyentes, defensores de derechos humanos y manifestantes puedan informar, practicar su fe, asociarse y ejercer su derecho a la protesta pacífica sin intimidaciones.
4. Informar sobre la situación de las personas detenidas.
Pidió comunicar a los familiares la situación jurídica y el estado de salud de los detenidos, además de garantizarles contacto con sus abogados y familiares desde el inicio de la privación de libertad, sin periodos de incomunicación injustificada.
5. Garantizar atención médica en las prisiones.
Exigió asegurar consultas, tratamientos y medicamentos oportunos para las personas privadas de libertad, así como permitir que organismos independientes revisen las condiciones de reclusión.
Organizaciones documentan detenciones y protestas
Las demandas de la CMDH se apoyan en denuncias y registros de organizaciones independientes que han documentado detenciones, restricciones a las libertades civiles y condiciones de reclusión en Cuba.
Al 30 de septiembre de 2026, Prisoners Defenders contabilizaba mil 351 presos políticos y de conciencia, conforme a su clasificación. De ese universo, 802 estaban privados de libertad como convictos de conciencia, 496 cumplían restricciones fuera de prisión y 53 estaban registrados en otra categoría de presos políticos.
Por su parte, Cubalex documentó 48 protestas públicas durante octubre, frente a las 35 registradas en septiembre. Las manifestaciones estuvieron relacionadas con reclamos por los apagones, la falta de agua y las dificultades para conseguir alimentos.
En su informe correspondiente a octubre, la organización también contabilizó 303 eventos represivos, de los cuales 154 afectaron a personas privadas de libertad. Entre los incidentes registrados se encuentran 42 casos de negación de atención médica, 23 de aislamiento y 22 de violencia o acoso.
Los registros de estas organizaciones constituyen documentación independiente y deben entenderse conforme a sus respectivos criterios de clasificación y metodología.
Detenciones de periodistas y hostigamiento
La libertad de prensa también figura entre las principales preocupaciones de los organismos de derechos humanos.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó las detenciones de los periodistas Adelth Bonne Gamboa, el 2 de noviembre; Camila Acosta, el día 3, y Yoani Sánchez, el 5 del mismo mes.
Los tres recuperaron su libertad y denunciaron amenazas u otras formas de hostigamiento. En el caso de Sánchez, directora del medio independiente 14ymedio, RSF informó que permaneció detenida durante nueve horas y que fue amenazada con ser procesada por presuntamente atentar contra el orden constitucional.
También se denunciaron restricciones contra integrantes de las Damas de Blanco para acudir a celebraciones religiosas, así como actos de vigilancia e intimidación contra defensores de derechos humanos.
Entre los casos señalados se encuentra el del médico y activista Óscar Elías Biscet, quien denunció vigilancia frente a su domicilio y amenazas de regresar a prisión. Su esposa, Elsa Morejón, también reportó un acto intimidatorio contra su vivienda.
Denuncian persecución religiosa en Artemisa
La CMDH incorporó a sus preocupaciones los señalamientos de persecución contra integrantes de comunidades cristianas en Cuba.
De acuerdo con denuncias difundidas por el Frente Hemisférico por la Libertad, el 6 de noviembre de 2026, en Guanajay, provincia de Artemisa, el activista cristiano Anthony Martínez Román acudió a una citación policial acompañado por creyentes que permanecían en oración pacífica.
Según esos reportes, agentes policiales intervinieron contra varios de sus acompañantes, entre ellos el pastor Rolando Pérez Lora, Gelaine Hernández Ávila, Eduardo Regalado Guerrero y Alfredo Fominaya, quienes fueron conducidos al interior de instalaciones policiales y permanecieron incomunicados.
La esposa de Martínez Román también denunció actuaciones relacionadas con una presunta desobediencia y manifestó preocupación por las condiciones médicas y familiares que enfrentaban los involucrados.
Estos señalamientos se suman a las denuncias de restricciones contra las Damas de Blanco y otros actos de hostigamiento contra pastores, jóvenes cristianos y defensores de derechos humanos.
Ante estos acontecimientos, la CMDH condenó las prácticas denunciadas y exigió el cese de cualquier persecución por motivos religiosos, así como garantías para ejercer las libertades de culto, reunión y asociación.
CMDH cuestiona recursos del conglomerado militar GAESA
Otro de los puntos planteados por René Bolio se relacionó con la situación financiera del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
El presidente de la CMDH citó una investigación del Miami Herald basada en documentos financieros internos, según la cual GAESA registraba aproximadamente 18 mil millones de dólares en activos corrientes a marzo de 2024, de los cuales alrededor de 14 mil 500 millones correspondían a depósitos en cuentas bancarias e instituciones financieras del propio conglomerado.
Bolio cuestionó la falta de información pública sobre la administración de esos recursos y exigió conocer su destino, los mecanismos de auditoría y su eventual presencia en jurisdicciones extranjeras.
La CMDH sostuvo que resulta necesario esclarecer la disponibilidad y administración de esos recursos, particularmente ante las necesidades económicas y humanitarias que enfrenta la población cubana.
Las cifras corresponden a la interpretación financiera publicada por el periódico estadounidense y no constituyen una auditoría independiente de GAESA. –sn–
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