La sentencia establece la responsabilidad del Estado por la persecución de esta comunidad musulmana durante la ofensiva militar de 2017 y ordena medidas de reparación para las víctimas y sus familias.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves 19 de noviembre de 2026 que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares de 2017 en el estado de Rakáin. La resolución constituye un precedente histórico, al establecer por primera vez en la historia de este tribunal la responsabilidad de un Estado por genocidio.
La sentencia, aprobada por mayoría de nueve votos contra seis, responde a la demanda presentada por Gambia en 2019, que acusó al gobierno birmano de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Los magistrados determinaron que las fuerzas de seguridad de Myanmar cometieron asesinatos, violencia sexual generalizada y actos de extrema violencia contra menores, además de atacar a integrantes de la población rohinyá que intentaban escapar. La Corte concluyó que estos hechos constituyeron genocidio y comprometieron la responsabilidad internacional del Estado.
Myanmar deberá reparar los daños contra los rohinyás
Como consecuencia de la sentencia, la CIJ ordenó a Myanmar adoptar medidas para reparar los daños ocasionados a la comunidad rohinyá y evitar que se repitan las violaciones a sus obligaciones internacionales.
Entre las disposiciones figura garantizar el regreso seguro, voluntario y digno de los integrantes de esta comunidad que fueron desplazados, tanto dentro del territorio birmano como en otros países, así como facilitar la reunificación de las familias separadas por la violencia.
El Estado también deberá proporcionar garantías de no repetición, investigar a las personas razonablemente sospechosas de participar en los actos comprendidos en la Convención y, cuando corresponda, procesarlas y sancionarlas.
La Corte estableció además la obligación de compensar a la población rohinyá por los daños ocasionados. El monto y las modalidades de reparación económica se determinarán en una fase posterior del procedimiento.
Myanmar deberá presentar a la CIJ, dentro de un plazo de dos años, un informe sobre las medidas de restitución adoptadas y las condiciones de compensación.
La ofensiva militar de 2017 provocó el éxodo de más de 700 mil personas
La resolución judicial se refiere a las operaciones militares realizadas en 2017 en el estado de Rakáin, al oeste de Myanmar, que provocaron la huida de más de 700 mil integrantes de la minoría rohinyá hacia Bangladesh.
Durante esa ofensiva se documentaron asesinatos, violaciones, incendios de comunidades y desplazamientos forzados. Las agresiones se produjeron en un contexto de discriminación histórica contra esta población musulmana, a la que las autoridades birmanas han negado el reconocimiento de ciudadanía.
Actualmente, alrededor de 1.2 millones de refugiados rohinyás permanecen en Bangladesh, principalmente en campamentos de Cox’s Bazar, donde enfrentan condiciones de vida precarias y dificultades para acceder a servicios básicos.
La situación de esta comunidad continúa siendo motivo de preocupación internacional, particularmente por las condiciones de seguridad y la falta de garantías que permitan su retorno a Myanmar.
Gambia inició el procedimiento ante la Corte en 2019
El caso comenzó en noviembre de 2019, cuando Gambia presentó una demanda contra Myanmar ante la CIJ, con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica.
El país africano argumentó que las operaciones militares contra los rohinyás constituían violaciones a la Convención contra el Genocidio, tratado internacional adoptado en 1948 que obliga a los Estados parte a prevenir y sancionar ese delito.
Myanmar rechazó las acusaciones y sostuvo que sus operaciones militares respondieron a ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA). Sin embargo, los magistrados examinaron las pruebas, testimonios y argumentos presentados durante el procedimiento y determinaron la responsabilidad internacional del Estado.
La sentencia también estableció que Myanmar incumplió obligaciones relacionadas con la prevención y sanción del genocidio, la adopción de legislación para aplicar la Convención y la preservación de pruebas vinculadas con los hechos denunciados. –sn–


¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

