El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó preocupación por la aplicación del límite constitucional a pensiones vigentes y pidió a México garantizar seguridad jurídica, recursos efectivos y estudios de impacto.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
La aplicación del nuevo límite constitucional a las pensiones que ya fueron otorgadas y se encuentran en curso de pago en México generó preocupación en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC), que pidió al Estado mexicano garantizar la seguridad jurídica de las personas afectadas y respaldar las medidas con estudios actuariales públicos.
En sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, aprobadas el 13 de noviembre de 2026, el organismo internacional cuestionó la falta de información sobre los efectos de la reforma al artículo 127 constitucional en los derechos adquiridos en materia de seguridad social, así como sobre las evaluaciones de impacto en derechos humanos y las alternativas menos restrictivas que pudieron examinarse. Revista Jurista+1
El pronunciamiento coloca la aplicación de la reforma sobre las pensiones vigentes bajo observación internacional y establece recomendaciones específicas para que las autoridades mexicanas atiendan las posibles afectaciones a los derechos de los jubilados.
ONU pide estudios actuariales y garantías para pensionistas
El Comité DESC recomendó que la aplicación del límite a las pensiones previamente otorgadas se ajuste a criterios de derechos humanos y a las disposiciones que estableció en sus observaciones sobre medidas regresivas.
Entre sus recomendaciones al Estado mexicano incluyó:
- Garantizar seguridad jurídica a las personas pensionadas afectadas.
- Asegurar el acceso a recursos efectivos para reclamar posibles vulneraciones.
- Sustentar la aplicación del límite en estudios actuariales públicos.
- Asegurar que las diferencias de trato entre categorías de pensionistas respondan a criterios objetivos y razonables.
El organismo también recordó que cualquier medida regresiva en materia de derechos económicos, sociales y culturales debe estar plenamente justificada, ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria, preservar el contenido mínimo esencial de los derechos y adoptarse después de examinar alternativas y garantizar la participación de las personas afectadas. Revista Jurista+1
La reforma constitucional incluye pensiones ya vigentes
La controversia tiene como antecedente el decreto que reformó el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de abril de 2026.
La modificación estableció que determinadas jubilaciones y pensiones del personal de confianza de organismos públicos, empresas estatales y otras entidades no podrán superar la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal. –sn–


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