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Condena la ONU asesinato de Aranza Ramos en Sonora

Por Fausto Hernández | Reportero

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato de la señora Gladys Aranza Ramos Gurrola, ocurrido el pasado jueves, en Ortiz, Sonora.

“El asesinato de la señora Aranza Ramos nos recuerda la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México. No sólo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que investigan y buscan a sus familiares desaparecidos, enfrentando riesgos que no deberían asumir”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.

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“Las personas desaparecidas nunca debieron faltarles a sus familias, pero tras su desaparición deben ser las instituciones del Estado las que lleven a cabo la búsqueda inmediata con el máximo de los recursos disponibles para localizar a la persona con vida. Cuando un Estado no logra cumplir con este deber, se coloca a las familias de personas desaparecidas en una situación de riesgo”, añadió.

La ONU llamó a las autoridades a investigar el asesinato de la señora Ramos de manera exhaustiva, que agote todas las líneas de investigación relevantes, inclusive la relación de este asesinato con su labor de búsqueda y garantizando la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la investigación.

Las autoridades deben también brindar atención integral a la familia de la señora Ramos, especialmente a su hija, incluyendo condiciones de seguridad.

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“La sociedad y las instituciones mexicanas deben prestar especial atención a las severas consecuencias que la violencia tiene sobre las niñas y los niños. Niñas que, como la hija de Aranza, crecerán con la ausencia de su padre y madre, víctimas de desapariciones o asesinatos.

Las autoridades deben actuar para proteger a los menores de edad frente a las graves consecuencias de una violencia que les ha convertido en víctimas antes de ser personas adultas”, aseveró el Representante.

La ONU-DH recuerda a las autoridades la obligación de garantizar la seguridad y protección de las víctimas que participan en los procesos de búsqueda de acuerdo al deber de protección del Estado y al principio 14 de los Principios Rectores de Búsqueda del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que señala que “la búsqueda debe desarrollarse en condiciones seguras”.

La vulnerabilidad que enfrentan las familias de personas desaparecidas que participan en las búsquedas debe llevar a adoptar medidas de carácter preventivo para que hechos como estos no se repitan. –sn–