Análisis, José Víctor Rodríguez Nájera

Opinión | Sociedad | El defensor del pueblo en México

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Sin duda, este momento político es una oportunidad única en México para resarcir la sistemática discriminación hacia los grupos vulnerables, y con ello, reconocer a milenarios grupos originarios asentados a lo largo y ancho del país. 

Sucede que, los primeros días de agosto, los legisladores mexiquenses deberán elegir a la nueva persona que encabece el trabajo institucional en la defensoría del pueblo desde el centro del país, en sustitución del actual titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera

Esta entidad, —que hace frontera con 8 estados del país (Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y ciudad de México) se ubica como la “capital” de actos criminales como los feminicidios o la tortura.

Apenas, en 2015 el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, afirmó que la tortura en nuestro país es generalizada, se refería al estado de México.

“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, dijo el funcionario de la ONU, Juan E. Méndez

En su informe, explicó que “existe una tendencia en el estado de México a calificar estos actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad como abuso de autoridad, lesiones o ejercicio indebido de servicio público”.

En este contexto, casos como los de Atenco, Tlatlaya, Tlanixco, por señalar sólo algunos, tienen sólo una constante, el atropello a los derechos humanos, la falta de protección, seguimiento o acompañamiento por parte de la autoridad, y la notable carencia académica de los funcionarios públicos mexiquenses.

De esta forma, la defensa de las garantías individuales en el estado de México se convierte en la cuña política para perfilar la aplicación evolutiva que, desde países europeos, se impulsa desde décadas atrás. 

Hoy, el legendario diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Maurilio Hernández González —que tiene la representación del CEN del partido que formó Andrés Manuel López Obrador en el Congreso mexiquense— debe evaluar a la persona más calificada para esta posición.

Máxime que como legislador electo para la próxima legislatura tendrá que hacer frente a los desafíos de, entre otros temas, los alcances de la Ley de Amnistía, que el mismo López Obrador, prometió en sus cien compromisos de campaña.

Pero sobretodo, lo más importante en este momento político del país perfilar, impulsar y apoyar a la persona que gobierne el estado de México a partir de 2023, justo un año antes de la sucesión presidencial. Y aquí radica la importancia de elegir al próximo defensor del pueblo honorable, con experiencia, pero sobretodo representante nato de la sociedad civil. 

Dejar que el estado de México continúe como la capital del mundo en estos hechos criminales o convertirlo en la entidad de vanguardia ante los pueblos, municipios, entidades y claro, al exterior, de manera particular ante los países Europeos.

Afirman que los ojos de los legisladores mexiquenses, de todos colores, ya están puestos en el abogado José Antonio Lara Duque, que mantiene vínculos extraordinarios con organizaciones nacionales e internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz