Por Fausto Hernández | Reportero
El Senado mexicano perfila dotar con prestaciones laborales a aquellas personas que trabajan con la figura de “socios” que reparten comida en todo el territorio nacional, a través de las aplicaciones digitales.
Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, revela que al menos cinco de cada 10 repartidores, que se emplean bajo alguna plataforma digital, han sufrido algún accidente y que empresas como Uber Eats, DiDI Food y Rappi ni siquiera cuentan con protocolos para mitigar este tipo de riesgos laborales.
Te puede interesar: Motociclistas alistan recaudación de víveres para damnificados en Tula
En este contexto, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (Morena) consideró fundamental que este tipo de empresas sean reguladas, ya que, en promedio, una familia gasta siete mil pesos mensuales por atención médica, pero un repartidor obtiene ingresos aproximados por cuatro mil 451 pesos mensuales y trabajan alrededor de 65 horas a la semana.
Valdez Martínez enfatizó la necesidad de reformar la Ley Federal del Trabajo para reconocer los derechos a la seguridad social, pensión y atención médica de quienes ejercen una actividad productiva mediante dichas plataformas, siempre y cuando sus servicios no impliquen la administración o dirección de la empresa.
Sugirió definir como trabajador de plataforma digital a choferes, repartidores y mensajeros a quienes se les asignen tareas a través de cualquier herramienta tecnológica o algoritmo, sin importar que sean contratados por uno o varios empleadores, por lo que gozarán de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución.
Además, planteó, que los empleadores deben establecer por escrito las condiciones de trabajo y, en el caso del salario, estipular si será por viaje realizado, entrega, por unidad de obra o en otro término, el cual deberá acordarse entre las partes, siempre que no contravengan sus derechos.
Te puede interesar: Denuncian mensajeros de “Ivoy” falta de pagos de sus semanas de trabajo
En este sentido, se sabe que en países como España, Italia, Francia, Reino Unido, los Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay han sentado precedentes y fallos judiciales a favor de regular el trabajo que se realiza con apoyo de las plataformas digitales. –sn–


