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«Pobreza franciscana» afecta a los más pobres: Red Rebeldes con Causa

Por Paola Ramírez | Reportera                                           

Al segundo trimestre del 2022 se tuvo un subejercicio de 19,438 millones de pesos con afectaciones importantes en educación, seguridad y salud.

La llamada “pobreza franciscana” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador afecta principalmente a las personas más pobres, así lo consideró la «Red Rebeldes con Causa«.

Sus integrantes Laura Rojas, Verónica Juárez, Lorena Villavicencio y Martha Tagle, –todas exlegisladoras federales– explicaron que, con base en el reporte de la Secretaría de Hacienda sobre el avance al gasto al segundo trimestre de 2022, el país registró «un subejercicio de 19,438 millones de pesos».

Estos número recaen, agregaron, en «afectaciones importantes en educación, seguridad y salud, mientras que el gasto que se ejerce en el sector turismo tuvo un aumento real de 260.1 por ciento, al pasar de 13,485.4 millones de pesos en enero-junio de 2021 a 52,212.4 millones en el mismo lapso de 2022.

La cifra refleja el gasto que se está realizando en el Tren Maya», advirtieron a través de un comunicado de prensa. 

¿Qué rubros son afectados?

«Red Rebeldes con Causa» indicó que la reducción en el gasto público en materia de salud no es nueva en esta administración, a pesar de estar enfrentando la pandemia por Covid y sin tener claros los efectos que sobrevendrán en la salud de los mexicanos.

En los últimos tres años, la reducción efectiva en materia de salud representa cerca de 110 mil millones de pesos, entre subejercicios, recortes y la inflación.

«Esto ha afectado programas fundamentales como el suministro de medicamentos, atención a la salud, programa de vacunación, medicamentos gratuitos y prevención de enfermedades.

«En el primer semestre de 2022 presentan subejercicios por más de 18 mil millones de pesos con respecto a los 59 mil millones programados, lo que representa un subejercicio de casi 31%», explicaron.

Servicios de salud afectados

Añadieron que –con base en datos salen a través de un análisis de México Evalúa–, el gasto de Salud de los primeros cuatro meses de este año es el más bajo para ese periodo en la última década.

La falta de atención médica en hospitales y clínicas así como el suministro de medicamentos, ha sido absorbida por las familias con gasto de bolsillo y tareas de cuidados en casa que recaen fundamentalmente en las mujeres, detallaron.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en un año, el gasto promedio que destinan los mexicanos para atender su salud rebasa los 9 mil 500 pesos, que para muchas personas representa gastar más de un mes de su sueldo en servicios médicos.

Hay una mala administración de los recursos

Las exlegisladoras señalaron que los “subejercicios” además de ser una señal de mala administración de los recursos, evidencian una estrategia del Ejecutivo federal para retener recursos y redirigirlos de manera discrecional a los programas insignia de infraestructura.

«Ya que al carecer de una adecuada planeación presentan sobrecostos que van mucho más allá de lo programado, torciendo la ley y manipulándola a su antojo.

«Sabemos, de voz de los propios operadores del gasto, que Hacienda no baja los recursos a las dependencias de acuerdo con lo programado y con ello se generan los “subejercios”, señalaron.

Invaden facultades de la Cámara de Diputados

Recordaron, que en abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el control que el presidente López Obrador tenía para determinar por decreto, de forma discrecional, el destino de los “ahorros”.

«Ello es incompatible con la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos y autorizar el destino o monto del gasto público federal para cumplir con los objetivos constitucionales reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo», dijeron.

Hicieron un llamado a la Cámara de Diputados a garantizar la correcta aplicación de los recursos, asumir sus responsabilidades de control en materia presupuestaria y, a través de la Auditoría Superior de la Federación, realizar las investigaciones correspondientes para fincar las responsabilidades que se determinen. –sn–

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