Opinión | Sociedad | Prevenir la trata de personas

Si bien el Estado mexicano hace un esfuerzo para evitar que se propague la trata de personas, que daña a menores de edad y en particular a la mujer, la oficina del embajador Ken Salazar manifestó puntos que hay que considerar.

Por José Víctor Rodríguez Nájera*

El gobierno de Joe Biden tiene muy claro que la comisión de este delito tiene relación directa con los Estados Unidos, ya que es un mal de carácter internacional, que se asocia a otros delitos como el trasiego y consumo de drogas o de índole financiero.

El “Reporte sobre trata de Personas 2022”, cuya copia posee este reportero, da constancia sobre la visión que mantiene los Estados Unidos en este grave problema en nuestro país: “el gobierno mantuvo esfuerzos de prevención”, sin embargo, resalta la escasa propagación de información pública.

“La sensibilización y la comprensión de la trata de personas, especialmente el trabajo forzoso, siguen siendo escasas entre el público. Los expertos señalaron que las campañas de prevención no llegaban lo suficiente a los grupos de alto riesgo, como niños, comunidades rurales e indígenas y los no hispanohablantes”, afirma.

En los apuntes de este informe diplomático, llama la atención que el gobierno del presidente López Obrador “no asignó suficientes recursos, ni personal a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para hacer cumplir efectivamente las leyes laborales”.

Esto es de gran importancia ya que, apunta, “las autoridades realizaron muy pocas inspecciones en los principales estados agrícolas (Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, estado de México, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche) en los que abundan los abusos”.

“Se investigaron pocas denuncias y carecieron de mecanismos de coordinación eficaces para proporcionar a las víctimas los servicios adecuados y el acceso a la justicia penal”, añade el documento elaborado por la oficina del embajador Ken Salazar.

El gobierno de los Estados Unidos da un referente: “la legislación laboral carece de disposiciones para penalizar las prácticas fraudulentas de reclutamiento y contratos que hacen a muchos trabajadores vulnerables a la trata”.

Entre otros aspectos, recuerda que en enero de 2021 entró en vigor la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que obliga a expedir documentos temporales a niños migrantes indocumentados y cuidadores adultos, pero expresó “su preocupación por el hecho de que la ley no protegiera la explotación a los niños no acompañados, ya que no exige que los adultos demostraran su relación con el menor”.

Ante el trabajo que ahora se realiza en la Cámara de Diputados, los legisladores de las siete fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión tienen la oportunidad de signar los recursos necesarios para trabajar en este grave problema, pero más aún, de adecuar el marco jurídico y evitar estos delitos de gran impacto.

Punto Cero

Grave es la situación que se identifica al interior de la empresa “Valores Mexicanos Casa de Bolsa SA de CV” (Valmex). Sucede que, al interior de la firma fundada en 1979, hay radicadas una serie de denuncias y quejas de personas, principalmente mujeres, en materia de acoso y violación a las garantías individuales. La empresa -que forma parte de Grupo Bal presume “proveer servicios de gestión de activos y de agente corredor”, pero carece de una formación en derechos humanos. Vaya lío.

* Esta columna se publicó de manera original en el diario ContraRéplica.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz

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