Las Telecomunicaciones deben regresar bajo la gestión y regulación del Estado Mexicano.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La apertura que se dio a los grandes capitales en las telecomunicaciones en los años 90 del siglo anterior y el órgano que, transnacionales como ATT y Telefónica exigieron en 2013 al Estado mexicano para regularlas, el hoy Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que es de los llamados autónomos, son la causa principal:

De la crisis que ha obligado a este Estado, limitado e incapaz de tener una política propia para las telecomunicaciones, para responder hasta hoy a los retos que supone el sector y a imponerse sobre temas tan importantes como la soberanía.

Del retraso en inversiones que garanticen el desarrollo económico, tecnológico y, sobre todo, la conectividad de la población, cada vez más separada por brechas digitales, entre otras cosas.

De que los grandes monopolios, América Móvil (con Telmex incluido), ATT, Televisa y Telefónica sólo tengan en la mira la disputa por los mercados y ninguno se preocupe por buenos servicios, precios realmente competitivos hacia la población, desarrollo social y conectividad a zonas alejadas, participación en educación, salud, etc.

A ellos solo les importa llevarse la mejor tajada de los ingresos del sector, que en 2022 fueron de 547 mil 600 millones de pesos.

De que el IFT, llamado órgano regulador, y otros como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por ejemplo, sirvan para garantizar exclusivamente las reglas en que los monopolios de las telecomunicaciones se disputan las ganancias, no solo sin tomar en cuenta la necesidad de desarrollo planteada líneas arriba, sino además compitiendo con fuerza de trabajo en precarias condiciones e intentando por todos los medios acabar con uno de los contratos colectivos referentes en el país: el que firman por un lado Telmex y por el otro el STRM, bajo la complacencia del eterno secretario general, Francisco Hernández Juárez.

De que, en este afán rapaz, cada uno de los monopolios justifique, en esta guerra por la dominancia y las ganancias que representan las telecomunicaciones en el país, su falta de participación socialmente responsable y su negativa a invertir en infraestructura.

Por un lado, aduciendo factores como desventaja cuantitativa en la construcción de redes y por otro, argumentando que las condiciones impuestas por el regulador implican desventaja en la oferta de servicios.

Resultado de todo lo cual, las telecomunicaciones en México sufren hoy una crisis de penetración, de altos costos, de mal servicio, de inversión, de no conectividad y ensanchamiento de brechas digitales, y en medio de tal crisis, quienes menos cuentan son la población y los trabajadores de las telecomunicaciones. –sn–

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