Legislatura mexiquense aprueba informe anual de actividades legislativas y de gestión
Mireya Estrada | Corresponsal
El pleno de la legislatura del estado de México ha aprobado una iniciativa que establece como obligación de los diputados rendir un Informe anual de Actividades Legislativas y de Gestión.
Esta iniciativa busca promover la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones.
En una medida destinada a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, el diputado Max Correa Hernández del grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa que fue respaldada por el pleno de la legislatura del estado de México.
Esta iniciativa establece como obligación que los diputados rindan un Informe anual de sus actividades legislativas y de gestión.
Reformas aprobadas
La iniciativa incluye reformas a la fracción XV del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México y al inciso k) del artículo 147 BIS del Reglamento del Poder Legislativo.
Estas reformas especifican que los diputados deben presentar un Informe anual dentro de los dos primeros meses posteriores a la conclusión del año legislativo anterior.
Acceso a la información
Según las reformas aprobadas, estos informes serán públicos y se publicarán en la Gaceta Parlamentaria. Esto permitirá que la sociedad tenga acceso a los informes anuales sobre la actividad legislativa y de gestión de los diputados.
Los legisladores coincidieron en que es esencial supervisar la conducta de los servidores públicos, ya que están bajo la mirada y el escrutinio de la sociedad. Esta medida busca garantizar que los diputados se desempeñen de manera objetiva en el cumplimiento de sus funciones.
Democracia participativa
Se resaltó la importancia de la democracia participativa como un medio para construir políticas públicas efectivas y responder a las demandas de la población. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer el Estado Democrático.
Mejor gobierno
La iniciativa apunta a construir un mejor gobierno al abrir la actuación pública al escrutinio público.
Esto se logra a través de mecanismos que garanticen la accesibilidad total de los ciudadanos al ejercicio de la función pública y promuevan la formación de una conducta ética en el funcionamiento administrativo, la transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos y la rendición de cuentas. –sn–

