La Detención de Miguel «N» y la Controversia en el Caso Ayotzinapa. Arresto de un Sargento Retirado

Por Gabriela Díaz | Reportera

Miguel “N”, Sargento Segundo retirado del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, fue arrestado recientemente. La detención se debió a su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

Muñoz Pilo enfrenta acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada. Fuentes del gabinete de seguridad informaron que el sargento retirado está actualmente detenido en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Intervención de la Fiscalía
La detención del ex militar fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). Estos agentes están adscritos a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.

Hace un año, la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo, residente en Toluca, Estado de México, había emitido órdenes de captura para 16 oficiales y soldados. Los cargos incluían desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada.

Detenciones Previas

Entre los detenidos estaba el general retirado Rafael Hernández Nieto, quien obtuvo libertad provisional después de algunos meses. Otros militares como Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz también fueron arrestados.

Estos militares consiguieron libertad provisional en la primera semana de mayo. La juez decidió cambiar la prisión preventiva, permitiendo que enfrenten el proceso en libertad.

Preocupación Internacional

El caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha sido un tema de gran preocupación. Tanto la sociedad mexicana como la comunidad internacional han seguido de cerca las investigaciones y procesos judiciales.

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron presuntamente secuestrados por el grupo criminal “Guerreros Unidos”. Este hecho ha mantenido en vilo a la opinión pública durante años.

Decisión Judicial

El 9 de mayo, una jueza federal ordenó la libertad provisional para ocho elementos de las Fuerzas Armadas implicados. Los casos de desaparición forzada y delincuencia organizada en relación con los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa siguen generando controversia.

Los militares deberán pagar una garantía económica de 100 mil pesos. Esta decisión fue informada por el diario Reforma y generó diversas reacciones.

Opinión de Santiago Aguirre

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), adelantó a Aristegui Noticias detalles de una reciente audiencia. En dicha audiencia, que se prolongó hasta la madrugada, se discutió la solicitud de los militares para cambiar su medida cautelar.

El Prodh acusó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de litigar en defensa de los militares. Argumentaron que el poder militar sin contrapesos afecta el esclarecimiento de los hechos.

Comunicado del Prodh

En un comunicado, el Prodh expresó su preocupación. “Con criterio parcial y sesgado, juzgado federal concede cambio de medida cautelar a 8 militares acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa”.

El comunicado añadió: “Sedena sigue litigando a favor de los militares acusados, lo que se suma a su resistencia a entregar todos los documentos de sus archivos. Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el Poder Militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso”.

Reacciones de las Organizaciones

La decisión de liberar a los militares ha generado críticas. Principalmente, organizaciones de derechos humanos ven esta medida como un obstáculo en la búsqueda de justicia para los familiares de los estudiantes desaparecidos.

La polémica sobre el papel de la Sedena en el caso de Ayotzinapa resalta la tensión entre autoridades civiles y militares en México. Especialmente en investigaciones sensibles que involucran denuncias de violaciones a los derechos humanos.

La sociedad espera que el caso de Miguel “N” y los demás militares detenidos se resuelva con justicia. Las organizaciones de derechos humanos continúan presionando para que se esclarezcan los hechos. –sn–