La FGR lo señaló por delincuencia organizada y desaparición forzada; presuntamente colaboró con reclutadores criminales desde un rancho en Jalisco

Por Martín García | Reportero

El presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascención “N”, fue vinculado a proceso tras una audiencia que duró más de diez horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande.

El juez de control determinó imponerle prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, ante los cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

La Fiscalía General de la República (FGR) expuso diversos testimonios que relacionan al edil con actividades criminales en el Rancho Izaguirre, supuesta base del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El rancho, ubicado en el mismo municipio que gobernaba Ascención, funcionó, según los testigos, como un centro de entrenamiento para reclutas forzados.

Testimonios y vínculos criminales

Durante la audiencia, las víctimas relataron que fueron llevadas con violencia al predio, donde eran entrenadas en el uso de armas y sometidas a vigilancia constante.

Según los informes, el alcalde no solo tuvo conocimiento de esos hechos, sino que acudió personalmente al lugar en al menos una ocasión.

En el rancho, según la FGR, se reunió con José Gregorio Lastra, alias El Comandante Lastra, quien fungía como reclutador del CJNG.

Las evidencias mostraron que el edil recibía un pago mensual de 70 mil pesos por colaborar con el grupo criminal, según declaraciones presentadas por el Ministerio Público.

Pagos y relaciones con capos

El alcalde mantenía contacto directo con miembros del cártel, entre ellos Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como El Sapo y/o El 90, otro de los cabecillas del CJNG.

La relación habría permitido la operación impune del rancho, señalado por colectivos ciudadanos como un sitio de exterminio clandestino.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció desde 2023 la existencia de restos óseos calcinados dentro del predio.

Aunque la FGR negó la existencia de crematorios, sí reconoció que el sitio fue clave para las actividades del grupo delictivo.

Audiencia y defensa legal

La audiencia, que inició a las 9:45 horas del sábado 4 de mayo, concluyó cerca de las 20:00 horas. La defensa solicitó el plazo constitucional de 144 horas.

El representante legal del alcalde explicó que en ese lapso buscarán desvirtuar las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal.

Mientras tanto, José Ascención “N” deberá permanecer recluido bajo prisión preventiva oficiosa en el penal federal.

La continuación de la audiencia fue programada para el viernes 10 de mayo en la misma sede judicial.

Antecedentes del funcionario detenido

Ascención se desempeñó como alcalde de Teuchitlán en tres periodos: 2012-2015, 2021-2024 y el actual, iniciado en enero de 2024.

Fue detenido el viernes 3 de mayo por agentes de la FGR, en cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos federales.

De acuerdo con los fiscales, el vínculo con el CJNG se tejió desde su primer periodo como edil, y se consolidó en los años recientes.

El Rancho Izaguirre quedó asegurado por las autoridades desde abril, como parte de la investigación por crimen organizado.

Posibles fosas y campo de entrenamiento

En ese terreno, testigos aseguraron que existieron fosas clandestinas usadas para la desaparición de personas reclutadas o asesinadas.

La organización Guerreros Buscadores reportó en 2023 que hallaron huesos calcinados, pese a la negativa inicial de la FGR.

El fiscal Alejandro Gertz Manero aclaró que no hay crematorios, pero sí reconoció las actividades de entrenamiento paramilitar.

La vinculación del alcalde con esos hechos agravó la acusación y llevó al juez a decretar prisión preventiva sin derecho a fianza.

Escenario político y repercusiones legales

La detención de José Ascención “N” impactó al ámbito político local, ya que su figura era respaldada por sectores empresariales y sociales.

La Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación con nuevos testimonios, documentos bancarios y peritajes del predio asegurado.

El Gobierno de Jalisco confirmó que colaborará con la federación en el caso, y negó conocimiento previo sobre los vínculos del alcalde.

Organismos de derechos humanos exigieron que se investigue a otros funcionarios municipales que pudieron participar en los hechos.

El caso se perfila como uno de los más graves en la relación entre gobiernos locales y el crimen organizado en la región Occidente. –sn–