El gobierno federal ganó el caso y congeló bienes. UIF identificó a empresas implicadas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Unidad de Inteligencia Financiera ganó la demanda civil contra Genaro García Luna y su esposa. Un tribunal de Florida ordenó pagar 748 millones de dólares al gobierno federal por corrupción.

Pablo Gómez reveló que hubo contratos ilícitos en seguridad federal entre 2009 y 2018. Durante la Mañanera del Pueblo, explicó la ruta legal y financiera del caso.

Sentencia millonaria en Florida

El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, bajo Felipe Calderón Hinojosa, acumuló desvíos. Entre 2009 y 2018, otorgó 30 contratos con sobreprecio por 625 millones de dólares.

Además, sumaron irregularidades por 93 millones de pesos en otras dependencias de seguridad. La Policía Federal, el CISEN y el sistema penitenciario participaron en esas operaciones.

Demanda formal en Estados Unidos

La UIF localizó domicilios de García Luna y Linda Cristina Pereyra en el estado de Florida. Presentaron una demanda civil que derivó en la incautación de bienes inmuebles registrados.

La primera demanda fue por 250 millones de dólares contra el exfuncionario de seguridad. Luego, siguió otra por 580 millones de dólares contra su esposa, por operaciones paralelas.

Bienes y empresas implicadas

La sentencia de 748.8 millones corresponde a tres veces la cantidad del primer litigio.
Cada imputado recibió condena individual y la resolución incluyó empresas vinculadas.

Pablo Gómez explicó que se trató de procesos distintos con notificaciones por separado. Las propiedades transferidas quedaron en poder de autoridades mexicanas tras fallo favorable.

Participación de Rosa Icela Rodríguez

Según la UIF, Rosa Icela Rodríguez, como secretaria de Seguridad, ayudó al esclarecimiento. Permitió el acceso a archivos que evidenciaron movimientos bancarios irregulares de García Luna.

Ese material fortaleció la demanda y facilitó la recuperación del dinero desviado.
La resolución del tribunal estadounidense validó pruebas del entramado de corrupción.

Congelamiento de cuentas en México

A pesar del fallo, tribunales mexicanos concedieron amparos para desbloquear cuentas. La presidente Claudia Sheinbaum aseguró que esos fondos eran de origen público.

Afirmó que parte del dinero provino de contratos asignados cuando García Luna era servidor. También reveló que continuó operaciones ilícitas después de salir del gobierno federal.

Modus operandi de sexenios anteriores

La presidente vinculó estas prácticas con estructuras montadas en sexenios anteriores. Mencionó nexos entre funcionarios de administraciones de Calderón y Enrique Peña Nieto.

El juicio en EE.UU. no abordó esa etapa, pero la UIF documentó sus conexiones posteriores. El caso dejó en evidencia el esquema de corrupción institucional que benefició a empresas.

Empresas bajo investigación

Fueron enlistadas 15 compañías que participaron en los contratos fraudulentos.
Entre ellas, Nunvav Inc, NUNVAV Technologies Inc, Nice Systems Ltd y Distribuidora GLAC.

Esas empresas trabajaron con dependencias como la Policía Federal y el PGJ de Cdmx. Algunas fueron creadas exprofeso para recibir recursos mediante adjudicaciones simuladas.

Etapa final del proceso judicial

El siguiente paso será determinar la ruta para recuperar fondos mediante embargos.
También se analiza un posible arreglo económico con las empresas implicadas.

La UIF continúa con el rastreo de activos ocultos en paraísos fiscales y cuentas alternas. Las autoridades mexicanas esperan concretar en 2025 la restitución completa al erario. –sn–