Senador niega participación empresarial en su declaración. Miente en su declaración oficial

El senador Enrique Vargas, ex alcalde de Huixquilucan, falseó su declaración patrimonial. Aseguró no tener vínculos empresariales pese a poseer acciones en siete compañías privadas. Así lo reveló una revisión documental del Registro Público de Comercio efectuada por Diario Basta.

Algunas de estas firmas también figuran a nombre de su cónyuge, Romina Contreras. De acuerdo con el Registro, Vargas del Villar figura como socio de empresas lucrativas. Posee un tercio de Vagiro Inmobiliaria y tres cuartos de Enromi Constructores.

También tiene la mitad de Envaroco, Ledva Publicidad, y Inmobiliaria Enca & Vavi. A ello se suma un 46% de Flota Mexicana de Transportes y 25% de Cocinas Integrales Europeas. Las compañías están constituidas como sociedades anónimas de capital variable.

Sociedades con su cónyuge

Las acciones de Enromi Constructores y Envaroco están repartidas con Romina Contreras. Ella funge como presidenta municipal de Huixquilucan desde el año 2022. Vargas gobernó ese municipio entre 2016 y 2021.

Ambos mantienen vínculos empresariales mientras uno ejerce en el Senado y la otra en la alcaldía. Esto plantea posibles conflictos de interés en el ejercicio del servicio público. Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, omitió información relevante.

El documento establece que debe reportarse todo interés económico directo o indirecto. La ley califica como falta no grave la omisión en las declaraciones patrimoniales. Pese a ello, el senador podría enfrentar sanciones administrativas importantes.

Posibles sanciones al senador

Entre ellas, la destitución de su cargo y una inhabilitación temporal para el servicio público. La información fue confirmada con documentos oficiales disponibles en el Registro Público. Las autoridades administrativas deben revisar estas omisiones en los plazos legales establecidos.

Los servidores públicos tienen la obligación de declarar su situación patrimonial con veracidad. Esto incluye bienes, inversiones, participaciones societarias y vínculos familiares relevantes. El objetivo es prevenir actos de corrupción e influencias indebidas.

Diversas organizaciones civiles han solicitado al Senado transparencia en estos casos. La falta de reportes patrimoniales impide una supervisión ciudadana eficaz. Las sanciones por omisión también buscan disuadir estas prácticas entre funcionarios.

Empresas y servicio público

El caso de Vargas podría derivar en procedimientos ante instancias fiscalizadoras. Los registros muestran que el legislador mantuvo actividades empresariales en paralelo a su cargo. Esto compromete la imparcialidad exigida por el servicio público.

Tener sociedades vigentes contradice su declaración patrimonial presentada ante el Senado. La transparencia queda comprometida cuando se oculta información de este tipo. Hasta el cierre de esta edición, Vargas del Villar no emitió posicionamiento oficial.

Tampoco se ha pronunciado el grupo parlamentario al que pertenece en el Senado. Por su parte, la alcaldesa Romina Contreras no ha dado declaraciones sobre las empresas compartidas. La omisión sigue sin respuesta institucional directa. –sn–