Se reúne con Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos.

Por Paola Ramírez | Reportera                                              

La legisladora Geovanna Bañuelos, junto con la delegación de senadores mexicanos que viajaron a Washington para sensibilizar sobre las afectaciones que traerá la aprobación del impuesto a las remesas, expresaron su postura a sus homólogos republicanos y demócratas del Senado de Estados Unidos.

Los legisladores mexicanos manifestaron su preocupación por la carga económica que representará para las familias migrantes, y advirtieron de la posibilidad de que aumente el lavado de dinero y la pérdida de confianza en las instituciones financieras.

Geovanna Bañuelos destacó que un gravamen al envío de remesas, representa una carga financiera adicional a familias migrantes de bajos ingresos, ya que cubren necesidades esenciales como alimentación, vivienda, salud y educación.

Aunado a que “el envío de dólares sería por canales informales y no regulados lo que iría en detrimento de los esfuerzos bilaterales para combatir el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos”, explicó la legisladora por Zacatecas.

Geovanna Bañuelos y sus homólogos mexicanos, coincidieron que un gravamen a las remesas, también significa el debilitamiento de la confianza entre la comunidad migrante y las instituciones financieras estadounidenses, así como limitar una participación económica más amplia.

“Incluso impuestos modestos reducirían la eficacia de este apoyo, agravando la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad en regiones donde Estados Unidos tiene importantes intereses estratégicos y económicos”, dijo.

Los legisladores que buscan sensibilizar a su contraparte en el Senado de Estados Unidos, argumentaron que exigir a los proveedores de servicios de remesas que verifiquen el estatus migratorio de sus clientes plantea serias preocupaciones de privacidad, ya que estarían obligados a llevar consigo su comprobante de ciudadanía, cada vez que se deseen hacer una transferencia.

“Los migrantes que cumplen la ley podrían enfrentar una supervisión intrusiva y una mayor recopilación de datos, poniendo en riesgo la privacidad financiera y aumentaría el potencial de filtraciones y el uso inadecuado de información personal”, explicó la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. –sn–

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