Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el plan. Ocho entidades del país concentraron dos tercios de las carpetas por extorsión en 2024.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Según cifras del Gabinete de Seguridad, el estado de México encabezó el listado con dos mil 48 casos. Guanajuato reportó 879 carpetas, seguido por Nuevo León con 645, y Cdmx con 602. También figuraron Veracruz, Jalisco y Guerrero como zonas de alta incidencia.
Durante la presentación, realizada con apoyo del CNI, la FGR, la Sedena y la Semar, se difundieron detalles. Se trató de un esfuerzo interinstitucional que apuntó a contener este delito en las zonas más afectadas. La estrategia buscó generar impacto inmediato y coordinación local efectiva.
Coordinación con gobiernos estatales
García Harfuch aseguró que se trabajó ya con algunos mandatarios estatales. Añadió que en entidades como Michoacán, Guerrero y Jalisco, la cooperación fue constante. Afirmó que reforzar los lazos con esos gobiernos permitiría acciones más eficaces.
El titular de la SSPC explicó que la estrategia operó con cinco ejes específicos. El primero consistió en realizar detenciones mediante inteligencia e investigación directa. El segundo propuso crear Unidades Antiextorsión en los gobiernos locales.
El tercer eje planteó aplicar protocolos claros de atención para víctimas. El cuarto contempló capacitar operadores del 089 en crisis y negociación. Finalmente, el quinto impulsó una campaña nacional de prevención ciudadana.
Congelamiento de cuentas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera recibió nuevas atribuciones bajo esta estrategia. Ahora podrá congelar cuentas con depósitos relacionados con el delito de extorsión. La medida se aplicó tras detectar transacciones ligadas a redes criminales.
Esta acción formó parte de una ofensiva para desarticular estructuras económicas del crimen. Las cuentas intervenidas serán sujetas a investigación para rastrear los flujos ilícitos. Con ello, se pretendió impedir que las organizaciones sigan operando financieramente.
Ley permite bloquear celulares
Con base en reformas recientes a la Ley de Seguridad Pública, se autorizó el bloqueo de líneas. Las autoridades informaron que podrán desconectarse celulares usados para extorsionar. Esta acción incluyó el rastreo de dispositivos empleados desde penales.
La medida buscó detener llamadas amenazantes hechas por internos. Además, implicó operativos coordinados en centros penitenciarios. Se previó realizar inspecciones sorpresivas con apoyo de fuerzas federales.
Operativos en penales del país
Las autoridades mencionaron que algunos reclusos operaban redes de extorsión. Por ello, se organizaron cateos dirigidos al decomiso de teléfonos móviles. Estos operativos se llevaron a cabo en centros de reinserción social.
Los procedimientos incluyeron participación de la Guardia Nacional y personal de inteligencia. El objetivo fue cortar la comunicación de internos con el exterior. Con eso se buscó impedir que sigan extorsionando desde prisión.
Inteligencia para ubicar objetivos clave
En paralelo, las instituciones enfocaron recursos en identificar generadores de violencia. Se diseñaron bases de datos cruzadas con perfiles de grupos delictivos. Con ello se pretendió agilizar órdenes de aprehensión e intervenciones directas.
Se realizaron análisis sobre zonas de operación, rutas financieras y redes de contacto. Esta inteligencia permitió planear detenciones dirigidas con alto impacto. La coordinación entre fiscalías y fuerzas armadas resultó central en esta fase.
Llamado a la denuncia ciudadana
Como parte del quinto eje, se implementó una campaña para sensibilizar a la población. Las autoridades exhortaron a denunciar llamadas de extorsión al 089. También pidieron evitar depósitos por amenazas y reportar números agresores.
El objetivo fue empoderar a la ciudadanía con herramientas de autoprotección. El mensaje incluyó recomendaciones específicas para detectar extorsiones. Asimismo, se difundieron materiales en redes sociales y medios nacionales. –sn–


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