Anuncian venta de propiedades arrebatadas ilegalmente en San Andrés Cholula por el #CartelInmobiliario. Contacto bloqueado por responsable.

Por Jorge Hernández | Corresponsal                                     

La Inmobiliaria San Román colocó anuncios en varios sitios web para ofrecer a la venta los departamentos de Adán Larracilla, los cuales le fueron arrebatados de forma ilegal por el denominado Cártel Inmobiliario. Los inmuebles se ubican en la calle General Rosendo Márquez, de la colonia Gobernadores, en el municipio de San Andrés Cholula.

La víctima de este despojo ocurrido el pasado 16 de julio fue alertada por otra de las siete personas afectadas. En el portal propiedades.com aparecía un anuncio de los departamentos, que tenían un avance del 95% en su construcción y estaban destinados originalmente para renta.

El anuncio fue retirado después de que se advirtió que el inmueble estaba inmerso en una disputa legal. La publicación incluyó una leyenda de advertencia que indicaba “Fuera del Mercado” y señalaba un precio de venta de 1.3 millones de pesos.

En entrevista con Urbano Noticias, Adán Larracilla explicó que en 2023 adquirió el terreno donde edificó los departamentos, los cuales ya se encontraban en etapa final de acabados para ser ofrecidos en renta.

Contacto bloqueado por responsable

El afectado comentó que intentó comunicarse con Guillermina San Román, señalada como responsable del anuncio, pero fue bloqueado tras revelarle que él era el legítimo propietario de los departamentos. Relató que desde hace algunos años se dedica a la construcción de inmuebles para rentar como parte de un negocio familiar, y que esta fue la primera vez que enfrentó una situación de este tipo.

Solicitó al poder judicial agilizar los procedimientos para que tanto él como los otros seis afectados recuperen sus propiedades. Añadió que todos cuentan con un amparo admitido que busca restituirles su patrimonio. Recordó que los siete vecinos de la colonia Gobernadores fueron desalojados con amenazas y armas de fuego por individuos a quienes denominan Cártel Inmobiliario.

Juicio sin precisión de construcción

El despojo se originó porque Emma Dulce Flores Hernández exigió a Ángel Andrés Bustos Flores el pago de 1 millón de pesos. Este último se acreditó como dueño legítimo de un terreno de más de 700 metros cuadrados para cubrir la deuda. En el juicio no se mencionó que en ese predio ya existían construcciones, ni que ambas personas se conocían y vivían en la misma calle Rosendo Márquez. Tampoco se indicó que, presuntamente, actuaron de común acuerdo para apropiarse de los inmuebles.

El grupo al que los afectados identifican como Cártel Inmobiliario contó con el apoyo del juez Paulino Coronel Díaz, titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con sede en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en el estado de Oaxaca. Este juez ejerce en una jurisdicción ajena al estado de Puebla, a 249 kilómetros de la colonia Gobernadores y a siete horas de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Zona limítrofe y conexiones

La demarcación donde actúa el juez se ubica en una región limítrofe con Chilchotla, Puebla, y Cosolapa, Veracruz, perteneciente al Distrito de Tuxtepec, en la región del Papaloapan. De acuerdo con las víctimas, esta distancia y ajenidad jurisdiccional fortalecen las sospechas sobre la legalidad de las resoluciones emitidas en su contra.

Los afectados insistieron en que el proceso legal presenta irregularidades y carece de sustento jurídico para justificar el despojo de sus viviendas. Reiteraron que continuarán su defensa legal hasta recuperar cada una de las propiedades, señalando que la publicación en portales inmobiliarios es parte de una estrategia para vender los bienes de manera fraudulenta.

Solicitan intervención federal

Los siete afectados han solicitado la intervención del gobierno federal para frenar la venta de los inmuebles. Argumentaron que, mientras el caso se mantenga en disputa judicial, cualquier intento de comercialización violenta sus derechos patrimoniales.

Asimismo, llamaron a las autoridades de Puebla a colaborar en la investigación sobre la presunta red inmobiliaria que opera en la región. Enfatizaron que la situación representa un riesgo para otros inversionistas o propietarios que pudieran ser víctimas de procedimientos irregulares. –sn–

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