Representantes de Oxtotilpan exigieron justicia y denunciaron irregularidades en proceso contra Omar Esquivel López.
Por Mireya Estrada | Corresponsal
La tarde del lunes, habitantes de San Francisco y San Miguel Oxtotilpan se manifestaron frente a los juzgados de Santiaguito. Los inconformes solicitaron transparencia en el proceso que acusó a Esquivel López de un presunto desvío millonario.
Los asistentes calificaron la movilización como un acto pacífico de acompañamiento comunitario. De acuerdo con la defensa, el exadministrador fue señalado sin que se investigara a quienes tenían facultades para autorizar recursos.
La protesta buscó visibilizar lo que consideran un proceso parcial. Su defensa expuso que el señalamiento intenta convertir a Esquivel López en chivo expiatorio mientras otros funcionarios permanecieron sin investigación.
Detención y proceso judicial
El exadministrador de la Mina de San Miguel Oxtotilpan enfrentó cargos por abuso de confianza. La Fiscalía estatal lo acusó de movimientos bancarios realizados el 1 de diciembre de 2023 por un monto superior a 32 millones de pesos.
El 26 de agosto de 2025, Esquivel López fue detenido en Toluca. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva en el penal de Santiaguito, donde su defensa solicitó condiciones especiales de resguardo.
La defensa acreditó arraigo en Toluca durante cinco años. La Fiscalía argumentó domicilios múltiples para justificar medidas cautelares más restrictivas.
El caso alcanzó relevancia al involucrar fondos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM). Se exigió esclarecer el origen de los movimientos financieros y la responsabilidad técnica en su dispersión.
Operaciones bancarias
Documentos oficiales confirmaron que Esquivel López operaba como usuario “003” autorizado para consultas y transferencias. Según Scotiabank, todas las operaciones se realizaron con autenticación personal y dispositivos registrados.
El banco declaró improcedente la reclamación del tribunal por supuestas transferencias irregulares. No obstante, acreditó la existencia de movimientos financieros ejecutados con la contraseña y dispositivo de seguridad correspondientes.
A pesar de considerar improcedente la reclamación, Scotiabank reembolsó más de 32 millones de pesos. El concepto utilizado fue “recuperación/decisión de negocio”, lo que levantó dudas en la defensa sobre el manejo bancario.
Los representantes legales sostuvieron que tales inconsistencias mostraron irregularidades en la investigación. Para ellos, se ignoraron responsabilidades institucionales y se cargó la acusación únicamente sobre el exadministrador.
Contexto institucional
El 13 de enero de 2023, Gerardo Becker asumió la presidencia del TRIJAEM. Ese mismo mes el tribunal obtuvo autonomía financiera, lo que permitió designaciones directas en áreas estratégicas.
Becker nombró a Tomás Delgado como director de administración. Según contratos con Banco Santander, él era el único funcionario con acceso al token institucional para dispersar recursos.
El 1 de diciembre de 2023, se dispersaron más de 32 millones de pesos a 28 cuentas. La operación fue avalada por Delgado, tres días antes de que se denunciara un presunto hackeo.
El 4 de diciembre, Becker presentó una denuncia ante la Fiscalía describiendo las operaciones como un ataque externo. Sin embargo, documentos técnicos confirmaron autorización del área de administración.
Investigación cuestionada
A casi dos años, la Fiscalía no citó a Delgado ni a Becker. Tampoco solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera ni emitió órdenes de aprehensión relacionadas con las cuentas beneficiarias.
El diputado Octavio Martínez Vargas respaldó la versión de la defensa. Señaló que Esquivel López fue utilizado como chivo expiatorio mientras los verdaderos responsables permanecieron sin investigación.
Incluso, versiones políticas vincularon el caso con redes del gobierno estatal encabezado por Alfredo Del Mazo Maza. La defensa reiteró la necesidad de ampliar las pesquisas hacia niveles superiores.
Para los familiares, la omisión de citar a funcionarios clave evidenció una investigación parcializada y carente de diligencia.
Voces comunitarias
Silvia Verónica Villela Cima, esposa de Esquivel López, encabezó el pronunciamiento frente a los juzgados. Afirmó que las comunidades exigieron transparencia y respeto al debido proceso.
Declaró que no buscan interferir en las investigaciones. Su demanda principal fue que se incluyera a todos los funcionarios con facultades técnicas en la dispersión de recursos.
Villela Cima reiteró que su esposo fue acusado sin pruebas suficientes. Señaló que no se investigó a quienes autorizaron de manera directa las transferencias bancarias.
Las comunidades subrayaron que su manifestación fue pacífica y simbólica. La definieron como un acto de vigilancia ciudadana para exigir justicia.
Demandas de la defensa
La defensa exigió garantías de integridad física para Esquivel López dentro del penal de Santiaguito. También pidió su reubicación en áreas de servidores públicos mientras continúe el proceso judicial.
Solicitó transparencia plena sobre el destino de los recursos. Además, reclamó la citación de todos los implicados que tuvieran acceso o autorización técnica sobre los movimientos financieros.
Exigió que, en caso de confirmarse omisiones de la Fiscalía estatal, se abriera una investigación de carácter federal. La petición incluyó la intervención de instancias especializadas en delitos financieros.
Los abogados presentaron pruebas de lugar, tiempo y oportunidad que, según ellos, exoneraban a su defendido. Dichos elementos incluyeron videograbaciones y registros de sesiones oficiales.
Irregularidades señaladas
La defensa denunció que la Fiscalía omitió citar a funcionarios clave. Entre ellos, el director de administración y el propio presidente del tribunal.
Aseguraron que existían registros documentales que señalaban a los responsables reales de autorizar transferencias. Estos documentos no fueron valorados dentro de la carpeta de investigación.
El equipo legal sostuvo que el proceso mostró sesgos importantes. Para ellos, se evidenció un interés por responsabilizar exclusivamente a Esquivel López.
Las comunidades de Oxtotilpan insistieron en que continuarán las movilizaciones. Exigieron que las autoridades actúen con imparcialidad y respeto a los derechos humanos. –sn–
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