El gobierno de Guanajuato excluyó a Las Libres y eliminó el aborto del plan escolar.
Por Martín García | Reportero
La Asociación de Abogados Cristianos (AAC) informó que obtuvo un fallo favorable tras interponer recursos legales contra la participación de la agrupación proaborto Las Libres en la elaboración del programa de educación sexual para menores en Guanajuato.
El gobierno estatal acordó excluir a la organización de la segunda etapa del proyecto educativo. También resolvió eliminar al aborto como eje temático y construir la nueva versión con especialistas, atendiendo además las inquietudes expresadas por padres de familia.
De acuerdo con la AAC, la decisión derivó de amparos, denuncias públicas y presión social. Las acciones legales buscaban frenar la aplicación de un plan en el que, señalaron, los padres no habían sido consultados.
Argumentos legales y sociales
La asociación subrayó que ni la gobernadora ni Las Libres contaban con facultades para diseñar programas oficiales de educación sexual. Los recursos interpuestos revelaron además vínculos entre la administración estatal y la organización, lo que fue calificado como un precedente delicado.
La resolución judicial significó tres logros fundamentales: la exclusión de Las Libres de la segunda fase del programa, el retiro del aborto como contenido y el reconocimiento de especialistas y padres de familia en el proceso.
El director jurídico de la AAC, Carlos Ramírez, afirmó que la justicia respaldó la exigencia de los padres. Señaló que el plan educativo debía construirse con criterios académicos y legales, no bajo imposiciones de asociaciones particulares.
El representante de Abogados Cristianos aseguró que la sociedad civil hizo valer sus derechos. Precisó que los amparos interpuestos confirmaron la falta de consulta previa a los tutores sobre la implementación del programa.
Reacciones y compromisos
En respuesta, el gobierno estatal reiteró que la segunda etapa del proyecto educativo será elaborada con especialistas. Indicó que se incorporará la opinión de los padres en el diseño de contenidos y materiales.
La AAC sostuvo que esta decisión significó un precedente en defensa de los derechos familiares. Añadió que la exclusión de contenidos ideológicos permitió garantizar un enfoque neutral y técnico en la enseñanza dirigida a menores.
De acuerdo con los informes, la presión social y las denuncias públicas aceleraron la revisión del plan. La organización señaló que este resultado se debió a la movilización de padres y ciudadanos inconformes.
Carlos Ramírez puntualizó que la sociedad mexicana dejó claro que no aceptaría imposiciones en la educación sexual. Expresó que la victoria representó un freno a intentos de adoctrinamiento en las aulas.
Escenario futuro
La segunda fase del programa de educación sexual deberá diseñarse bajo la supervisión de especialistas acreditados. El compromiso oficial incluyó la apertura de foros de participación para padres de familia y sectores interesados.
La AAC anunció que continuará vigilante en el desarrollo de esta etapa. Afirmó que se mantendrán las acciones jurídicas necesarias para asegurar que el programa respete derechos constitucionales de los menores y de los tutores.
Finalmente, la asociación subrayó que la resolución abrió un espacio para consolidar políticas educativas con legitimidad. El caso de Guanajuato quedó registrado como una referencia nacional sobre los límites en la intervención de organizaciones privadas en programas escolares. –sn–


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