El empresario Víctor Álvarez Puga es detenido en Miami; la FGR evalúa su extradición.
Por Martín García | Reportero
El empresario Víctor Álvarez Puga fue detenido en los Estados Unidos y recluido en el centro de procesamiento Krome North, en Florida, según confirmó el sistema de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El abogado mexicano fue localizado en la ciudad de Miami, de acuerdo con el registro público del ICE. La confirmación ocurrió horas después de que medios nacionales difundieran la noticia de su captura el lunes 27 de octubre de 2025 por presuntas irregularidades migratorias.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General de la República (FGR) no emitió posicionamiento oficial sobre si solicitará la extradición del empresario, acusado en México de delitos relacionados con operaciones financieras ilícitas.
Inés Gómez Mont sigue prófuga
El mismo sistema de localización del ICE no reportó detención alguna de Inés Gómez Mont, esposa del empresario. Fuentes cercanas al caso indicaron que las autoridades estadounidenses continúan verificando domicilios y posibles movimientos migratorios de la exconductora.
Desde su desaparición pública en 2021, Gómez Mont ha sido objeto de una orden de aprehensión emitida por la FGR, aunque hasta el momento su paradero sigue sin conocerse. La institución mexicana mantiene vigente la solicitud de colaboración con Interpol.
Antecedentes del caso judicial
Previo a la detención de Álvarez Puga, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acató la orden de una jueza de distrito para desbloquear las cuentas bancarias de la pareja, decisión que no implicó el cierre de las investigaciones federales.
Según la FGR, ambos enfrentan acusaciones por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a 2 mil 950 millones de pesos, presuntamente desviados mediante empresas fachada.
Delitos de alto impacto financiero
La investigación inició en 2019, cuando la Secretaría de Hacienda detectó movimientos financieros inusuales vinculados a contratos públicos durante administraciones federales anteriores. Dichos hallazgos fueron entregados a la FGR, que integró la carpeta de investigación.
En 2021, un juez federal giró las órdenes de aprehensión correspondientes, lo que llevó a que ambos se declararan prófugos. Desde entonces, las autoridades mexicanas solicitaron apoyo internacional para localizarlos. –sn–


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