SN Redacción
México debe aceptar la ayuda que propone en su resolución el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para resolver el problema de las desapariciones y la crisis forense del país, coincidieron especialistas en derechos humanos. Señalan que el informe no es un ataque, que la asistencia técnica y financiera internacional sería benéfica y que la respuesta defensiva del Estado obstaculiza el acceso a la verdad y a la justicia.
Para buscar y localizar a personas desaparecidas, ya sea con vida o no, desde 2018 se han creado instituciones que se han convertido en eje central para atender este flagelo, como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y sus delegaciones locales, la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y centros de resguardo e identificación humana. También se ha avanzado en adquirir tecnología, como escáneres portátiles para conocer la identidad de miles de cuerpos y restos de personas que permanecen sin ser restituidos a sus familiares, según el reporte que el Estado mexicano envió al Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada, en el marco del proceso que éste inició para solicitar que la situación del país sea tratada ante la Asamblea General.
Para enfrentar el riesgo de apagones y recurriendo a la energía ofertada por privados o participantes del sector, el gobierno federal prevé que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) pueda comprar electricidad de forma inmediata cuando detecte que el sistema no alcanza a cubrir la demanda. El proyecto fue elaborado por la Comisión Nacional de Energía, órgano regulador sectorizado a la Secretaría de Energía, fija reglas para que el operador del sistema actúe con rapidez cuando falte generación o haya riesgo de fallas en el suministro.
Mario Aburto busca que la Fiscalía General de la República (FGR) reabra una investigación por torturas en su agravio en contra de 28 ex funcionarios y particulares, entre los que se encuentra cuando menos un fallecido. De acuerdo con documentos judiciales, se trata de 21 servidores públicos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), 4 elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) y 3 particulares.
Campesinos de cinco estados, aglutinados en el naciente Consejo Nacional de Productores de Agave (CNPA), se organizaron para fortalecer su presencia ante las autoridades y los mercados, así como tener una influencia real en las políticas de la cadena productiva del tequila, que consideran está mermada por los industriales que acaparan hasta 90 por ciento de la plantación de la materia prima y se han adueñado de casi todo el proceso de elaboración.
Al rechazar el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) sobre la situación en México, por considerar que es tendencioso, el gobierno mexicano cuestionó que esa instancia no tomó en cuenta los avances institucionales que se han logrado desde 2019 y, en particular, en 2025. Desde el pasado jueves, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señalaron que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada tampoco toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno mexicano.
El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, presentó un proyecto para que aquellos ciudadanos que ya estaban afiliados a un partido político puedan participar como militantes en las asambleas de las agrupaciones que buscan el registro de partido político nacional. De acuerdo a los criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral, si una persona militante de algún partido participa en una asamblea de una organización que busca el registro, la reunión podría declararse inválida.
Aunque por casi 30 años la autoridad electoral ha estudiado el voto electrónico, el avance para su aplicación general es mínimo: cuatro ejercicios para mexicanos en el extranjero y uso de urna de este tipo en tres entidades federativas. Los resultados han sido positivos (los sistemas no presentaron fallas estructurales) y, por ejemplo, fue la opción que prefirió 75 por ciento de los connacionales que votaron en 2024. Sin embargo, persisten resistencias tanto dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) como en la mayoría de los partidos políticos, en un contexto de desconfianza de todos contra todos.
En la lucha por obtener registro como partido político, las asociaciones con posibilidad de conseguirlo defienden con uñas y dientes cada uno de los afiliados presentados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que esta semana ratificó los criterios para validar cada simpatizante inscrito. La respuesta fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la organización Personas Sumando en 2025, impulsada por especialistas en la materia, pues fueron altos funcionarios del INE y ahora buscan formar el partido Somos México.
El gobierno federal abrió la fiscalización de los recursos públicos y las contrataciones a la ciudadanía a través de la convocatoria nacional para integrarse al Padrón Público de Testigos Sociales. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro Sánchez, señaló por medio de un comunicado oficial que se busca avanzar hacia contrataciones más transparentes y participativas.
Reporte de la firma Fortinet registra 324 mil millones de ciberataques en 2024; señala que en primer trimestre de 2025 hubo 35 mil millones de delitos, con lo que se rompió una marca. Investigadores alertan que grupos utilizan organizaciones mexicanas como campo de pruebas para desarrollar y perfeccionar malware; vacíos, un atractivo para grupos, afirman.
Un Tribunal Federal impuso 12 años de prisión y una multa superior a 814 mil pesos a José Eduardo García Gutiérrez, responsable de trasladar de forma ilegal a 52 personas extranjeras en una carretera de Sonora, entre ellas 20 menores de edad. El caso exhibe la magnitud del tráfico de personas en rutas del noroeste del país. La detención ocurrió en 2024, en el kilómetro 98+200 del tramo Ciudad Obregón-Guaymas, sobre la carretera federal México 15, donde elementos de la Guardia Nacional interceptaron el vehículo en el que viajaban las personas migrantes sin documentos que acreditaran su estancia legal en el país.
El ciudadano mexicano Pedro Alvarado-Montiel, Pelón, fue sentenciado en un tribunal federal de Del Rio, Texas, a 21 años de prisión por cargos de conspiración para importar metanfetamina, informó el Departamento de Justicia estadunidense (DOJ, por sus siglas en inglés). Según documentos judiciales, Alvarado-Montiel, de 42 años, es «miembro confirmado de la pandilla Sureños, afiliada a la mafia mexicana». Fue detenido por una infracción de tránsito por un ayudante del sheriff del condado de Bastrop el 20 de septiembre de 2023.
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