Finalmente, la dependencia indicó que el caso seguirá en evaluación hasta contar con elementos suficientes. La resolución determinará si procede o no la detención y extradición de los implicados.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Fiscalía General de la República (FGR), que dirige la senadora con licencia de Morena, Ernestina Godoy Ramos, informó que analizó las solicitudes presentadas por autoridades de los Estados Unidos para detener y extraditar a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa.

La institución precisó que el proceso se centró en verificar la legalidad y suficiencia de las pruebas; el vocero Ulises Lara López explicó que la revisión se realizó conforme a los protocolos establecidos.

El funcionario indicó que la FGR evaluó la documentación recibida con el objetivo de determinar si existían elementos probatorios suficientes. Señaló que este análisis resultó indispensable para definir la viabilidad de las solicitudes internacionales. También puntualizó que el procedimiento se apega a las disposiciones del marco jurídico mexicano.

El vocero subrayó que la dependencia inició una investigación paralela para establecer si procedían órdenes de aprehensión en territorio nacional. Esta indagatoria buscó verificar los fundamentos legales de las acusaciones. La revisión incluyó el análisis técnico y jurídico de cada documento.

Revisión internacional en curso

La FGR detalló que el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para Asuntos Internacionales, instancia encargada de este tipo de procesos. Esta área se responsabilizó de examinar las solicitudes enviadas por la Fiscalía de Nueva York. El objetivo consistió en corroborar la consistencia de los elementos presentados.

De acuerdo con Ulises Lara López, también se revisó la información canalizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El análisis incluyó la verificación de pruebas y su congruencia con las leyes mexicanas. La dependencia sostuvo que el procedimiento debía cumplir con estándares internacionales.

El vocero explicó que el tratado bilateral en materia de extradición establece criterios estrictos. Entre ellos, se exige que las pruebas resulten suficientes conforme a la legislación del país requerido. En este caso, México debía validar la solidez jurídica de los elementos presentados. –sn–

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