Con la licencia a Rubén Rocha Moya, Morena busca aminorar el impacto político-electoral en 2027, de lo que todos sabíamos: que el crimen organizado ha convivido con la 4T, financiándola y operando electoralmente en territorio a su favor.
Por Martín García | Reportero
“Esto no es nuevo. El asunto aquí es que se ha venido denunciando esta situación desde 2021. Desde que López Obrador asumió el control del huachicol fiscal y lo expropió en su favor, se volvió una pachanga para todas las candidaturas y para todos los procesos electorales de Morena: meter dinero ilegal a las campañas”, afirmó el secretario de Comunicación de Somos México (SomosMX), Amado Avendaño Villafuerte.
Entrevistado por medios de comunicación en Tapachula, Chiapas, afirmó que el vínculo del régimen con el crimen organizado era público y fue exhibido en investigaciones periodísticas, así como por personas de oposición que fueron secuestradas por el Cártel de Sinaloa durante la campaña electoral de 2021 para garantizar el triunfo de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa.
“¿Qué es lo que revienta esto? Es el hecho de que haya una investigación formal por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos y que exista un requerimiento formal de extradición de un gobernador en funciones. Ese es un golpe a la credibilidad del régimen, es un golpe frontal a la estructura de este régimen que lo que quisiera es perpetuarse”, señaló.
Añadió que la ciudadanía está en contra de que el poder político se fusione con los poderes fácticos, como ha ocurrido en el pasado, y de lo que incluso Andrés Manuel López Obrador se benefició electoralmente al prometer que lo impediría; sin embargo, al asumir la Presidencia de la República se asoció con el crimen organizado. –sn–


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