El especialista concluyó que el incumplimiento tuvo efectos en el ámbito nacional e internacional. Señaló que la omisión afectó la reparación a las víctimas y la credibilidad del Estado.

Por Martín García | Reportero                                      

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no habría represión en México y reiteró su compromiso con el pueblo durante un acto público en el Estado de México. La declaración ocurrió en el contexto de la restitución de tierras en Atenco y retomó el compromiso político de evitar abusos de autoridad.

El posicionamiento presidencial se dio frente a víctimas y comunidades que han exigido justicia por los hechos registrados en 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. En ese periodo, operativos policiacos derivaron en detenciones masivas y denuncias de tortura sexual contra mujeres. La memoria de esos hechos se mantuvo como referencia en el debate público sobre seguridad y derechos humanos.

El compromiso gubernamental se confrontó con obligaciones internacionales derivadas de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2018. Dicha resolución estableció medidas específicas de reparación y garantías de no repetición para el Estado mexicano. Entre ellas se incluyó la creación de un observatorio independiente para supervisar el uso de la fuerza.

Sentencia internacional pendiente

El abogado Eduardo Guerrero Lomelí, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), indicó que la ausencia de mecanismos independientes limitó la garantía de no repetición. Señaló que la falta de supervisión efectiva dejó abierta la posibilidad de que ocurran nuevos abusos. Subrayó que la vigilancia externa resultaba clave para evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad.

La sentencia de la Corte IDH estableció nueve medidas de reparación relacionadas con los hechos de Atenco. Entre estas disposiciones se contempló la supervisión de las corporaciones policiales que operaban en el país. La transformación institucional posterior trasladó esa responsabilidad a la Guardia Nacional.

El litigio internacional fue acompañado por el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Ambas organizaciones representaron a las once mujeres víctimas del caso ante instancias internacionales. Su participación permitió documentar las violaciones y sostener el proceso judicial. –sn–

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