SN Redacción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que México enfrenta una fuerte problemática, con más de 128 mil personas sin localizar, además de los restos bajo custodia del Estado que permanecen sin ser reconocidos. Al presentar un informe sobre este tema, la comisionada y relatora del organismo, Andrea Viviana Pochak, señaló que el fenómeno se ha transformado durante las últimas dos décadas y actualmente está marcado por la violencia del crimen organizado y altos niveles de impunidad. Además, reconoció que se han creado instituciones, normas y protocolos para dar atención.
Pobladores de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en Chilapa, en la región Centro de Guerrero, viven asediados por las balas. Desde hace seis días, la organización criminal Los Ardillos los ataca por tierra y aire: desde los cerros y con drones artillados. Los pobladores no han tenido forma de responder, lo único que les quedó fue huir: niñas, niños, mujeres y adultos mayores, sobre todo, se desplazaron hacia la comunidad vecina Alcozacán.
El alcalde de Parral, Salvador Calderón Aguirre, detalló que se espera la llegada de más de 100 personas desplazadas de los municipios serranos de Durango y Chihuahua, por lo que comenzó a organizar apoyos emergentes de alimentación y refugio. El presidente municipal explicó que desde la noche del domingo comenzaron a recibir reportes sobre la llegada de personas provenientes de la sierra. “Ayer (domingo) nos reportaron que llegaron 20 personas. Hoy reportaron que llegaban más de 100 personas”, dijo el edil parralense.
Tras el ataque en la comunidad indígena de Acachuén, Chilchota, que dejó dos pobladores muertos el pasado 6 de mayo, habitantes de pueblos originarios de la región bloquearon carreteras y autopistas para exigir mayor seguridad. Denunciaron que el ataque armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Policía Municipal de Chilchota causó la muerte a dos pobladores: un docente y el vigilante del panteón, además de un herido. La agresión fue contenida por personal del Ejército, y posteriormente de la Guardia Civil, quienes también fueron blanco del grupo armado, añadieron.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la absolución de elementos de la Secretaría de Marina procesados por desaparición forzada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al considerar que la decisión judicial afecta el cumplimiento de la Recomendación 36VG/2020 emitida por el organismo. A través de un comunicado, la CNDH informó que un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California Sur, con residencia en La Paz, absolvió a nueve marinos relacionados con los hechos ocurridos en 2018, cuando se denunciaron desapariciones forzadas y ejecuciones presuntamente cometidas por personal de la Marina en Nuevo Laredo.
La empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V., propiedad de Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del gobernador con licencia de Sinaloa, presentó en sus declaraciones ante el SAT inconsistencias financieras que incluyen vínculos directos con empresas que facturan operaciones simuladas, declaraciones omitidas y un monto millonario en facturación cancelada que supera los 136 millones, de acuerdo con documentos oficiales. Fundada el 14 de mayo de 2009, la constructora tiene su domicilio fiscal en la colonia Rancho Contento, en Culiacán, en una pequeña casa de interés social en la calle Cuadra Bonita 3972, donde recibió, según sus declaraciones ante el SAT, más de 404 mdp.
Tras cuatro días de protestas de todos los sectores sociales, las autoridades educativas del país echaron abajo la decisión de modificar el calendario escolar, por lo que el ciclo concluirá el próximo 15 de julio, como estaba previsto originalmente para el año lectivo 2025-2026. Durante más de seis horas de discusión a puerta cerrada, y encabezado por el titular de Educación Pública, Mario Delgado, el consejo nacional de autoridades del sector dio marcha atrás al acuerdo que el jueves pasado anunció como de aceptación «unánime» para adelantar la clausura de los cursos.
Fuerzas federales intensificaron la búsqueda del empresario Roberto Blanco Cantú, El Señor de los Buques, contra quien hay una orden de aprehensión por huachicol fiscal, revelaron funcionarios. Los operativos para dar con Blanco Cantú derivaron en el arresto de cuatro personas, entre ellas José Antonio Cortés Huerta, líder de una célula ligada al cártel del Noroeste y uno de sus principales operadores.
La Fiscalía General de la República dijo que el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el Contralmirante Fernando, indagados por presuntamente liderar el «huachicol» fiscal en las Aduanas, gozaban de la protección derivada de su parentesco con su tío y entonces Secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Así lo refiere, sin dar mayores detalles, en la solicitud de orden de aprehensión contra 15 empresarios, apoderados y agentes aduanales. En esta carpeta de investigación, Ojeda no tiene la calidad de imputado. La Fiscalía lo menciona cuando relata que el asesinato del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, tuvo como fin que no se hiciera pública su denuncia contra los Farías.
Por quinta ocasión, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una carta a la presidente Claudia Sheinbaum en la que solicita su intervención para que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina le den información que, aseguró, requiere para ejercer una adecuada defensa frente a las acusaciones que enfrenta por presuntos delitos de contrabando de hidrocarburos, delincuencia organizada y lavado de dinero. Farías Laguna es acusado por las autoridades mexicanas de liderar, junto con su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, una red de tráfico de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos y proteger su ingreso al país mediante esquemas de simulación de importaciones.
El contraalmirante Fernando Farías Laguna fue trasladado a un penal federal en Buenos Aires, Argentina, tras su detención el 23 de abril bajo cargos de delincuencia organizada y huachicol fiscal. El exmilitar es señalado de integrar la red criminal Los Primos y enfrenta un proceso de extradición solicitado por México.
La Fiscalía General de la República (FGR) sospecha de un posible «ajuste de cuentas» en las muertes de los Capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga, oficialmente fallecidos por suicidio y accidente tras desatarse el escándalo de los mandos de la Marina presuntamente implicados en el huachicol fiscal. En la solicitud de orden de aprehensión que le devolvió el pasado 29 de marzo la juez de control Mariana Vieyra Valdez, la Fiscalía plantea esta presunción debido a la capacidad de corrupción y alto nivel de violencia que atribuye al grupo criminal que supuestamente comandaban en las aduanas el Almirante Manuel Roberto y el Contralmirante Fernando Farías Laguna.
Jueces y magistrados realizaron ayer un cacerolazo frente a las oficinas del Poder Judicial de la Federación, en avenida Revolución, y además bloquearon por completo la circulación vehicular. Señalaron aún no se concluyen los pagos de la indemnización constitucional ni a la pensión complementaria tras su despido.
Autoridades federales desmantelaron un túnel que se conectaba y robaba combustibles de la terminal de almacenamiento de Pemex en Santa Catarina, Nuevo León. Se incautaron 205 mil 418 litros de hidrocarburos, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, 7 cajas secas, 3 vehículos y un contenedor marítimo.
Un séptimo cadáver fue encontrado cerca de las vías del tren en el condado de Bexar, en Texas, que apunta a ser parte del grupo de seis personas halladas muertas dentro un vagón de carga, de las cuales cuatro son mexicanas, informaron autoridades locales. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó, antes de que se conociera el hallazgo del séptimo cuerpo, que tres de las seis personas encontradas sin vida en el interior de una caja seca de ferrocarril en Laredo, Texas, eran de nacionalidad mexicana.
Elementos de la policía estatal de Coahuila desalojaron a un grupo de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) que se manifestaba en la carretera federal 57 para exigir al gobierno su intervención en la pronta venta de la siderúrgica, y así resolver el pago de sus salarios y liquidaciones, que desde hace más de tres años les adeudan. Los hechos derivaron en un enfrentamiento, dejando un saldo preliminar de nueve detenidos y varios heridos, pues fueron golpeados «algunos en las costillas y otros descalabrados», indicó Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA.
La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. denunció falta de transparencia por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) local en torno al caso del Refugio Franciscano, al considerar que la dependencia reservó información relacionada con «uno de los casos más graves de maltrato y crueldad animal». La organización aseguró que, desde diciembre de 2025, documentó condiciones de abandono, hacinamiento, insalubridad y enfermedades que afectaban a cientos de perros y gatos resguardados en el albergue.
La juez Giovanna Garrido Márquez reconoció que no contaba con toda la información relacionada con el conflicto del Refugio Franciscano al momento de conceder la suspensión provisional en favor de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP, aseguró el abogado Rafael Orantes, quien adelantó que será el próximo jueves cuando el juzgado federal determine si la medida cautelar permanece vigente o queda sin efectos.
A través de un escrito firmado por su apoderado legal, Mauricio de la Cruz Castañeda, la institución presentó un recurso legal a fin de que los siete miembros del patronato no asistieran a la reunión convocada ante un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, este 11 de mayo de 2026. La representación legal del NMP argumentó que “no existe disposición legal que obligue a los miembros del patronato, en su calidad de personas físicas, a presentarse a pláticas conciliatorias, especialmente cuando la institución ya cuenta con representantes legales debidamente facultados para tomar decisiones”.
El Tribunal Colegiado del Trabajo y Materia Administrativa de Mérida desechó el recurso de queja 406/2025 que promovió la Profepa para negarse a transparentar informes solicitados de las medidas de mitigación ambiental en las obras del ferrocarril. Tras el fallo, la Semarnat debe entregar constancia de inspecciones en el tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum, luego de que buscó deslindarse de esta obligación con un recurso legal que fue desestimado el 30 de abril de 2026.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito revocó por unanimidad el amparo que había permitido recuperar su libertad a José Luis «N», propietario del crematorio Plenitud, donde en junio de 2025 fueron localizados 386 cuerpos humanos apilados. Los magistrados determinaron que el juez que otorgó el amparo realizó una interpretación incorrecta de los conceptos relacionados con “conservar” y “ocultar” cadáveres dentro del proceso penal. El caso regresará al Juzgado Séptimo de Distrito, que deberá revertir la decisión que anuló la vinculación a proceso y definir si se restablece la prisión preventiva contra el propietario del crematorio o si esa determinación quedará en manos del juez de control.
El abogado José Mario de la Garza advirtió que ya venció el primer plazo legal para promover amparos contra la obligación de registrar líneas telefónicas móviles en México, por lo que las personas que no instrumentaron un amparo contra la obligación gubernamental, no les quedará más remedio que registrarla, antes de que les desconecten su línea. Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones contabiliza hasta el 11 de mayo de 2026, 33 millones 968 mil 459 líneas registradas.
El ministro presidente de la Suprema Corte subrayó que este lunes se discutió la negativa a una empresa de seguridad privada para utilizar el término «Fuerzas Especiales» en su denominación, ya que podría generar confusión con las Fuerzas Armadas. El ministro Aguilar Ortiz también resaltó el aumento en la cantidad de asuntos que la Corte está recibiendo y resolviendo, lo que indica una mejora en la dinámica de trabajo y un esfuerzo por reducir el rezago. Aseguró que se están emitiendo criterios y jurisprudencias de manera activa y que la Corte está comprometida con proporcionar justicia oportuna y comprensible para la ciudadanía.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf se reincorporó ayer a sus labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras casi un mes de ausencia por motivos de salud, periodo en el que solicitó licencia al alto tribunal. «Con mucho entusiasmo y con el compromiso de siempre, me reincorporo a mis actividades en el Pleno de la SCJN. Me siento muy agradecida por todas las muestras de cariño, las atenciones y el apoyo recibidos durante estos días», dijo.
La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) y sus bancadas en el Congreso entregaron ayer en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, para buscar su destitución e inhabilitación; además, anunciaron que mañana miércoles, en la Comisión Permanente, solicitarán la desaparición de poderes en la entidad.
El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, reporta un patrimonio mínimo en la declaración patrimonial que debe rendir ante la sociedad zacatecana sobre sus posesiones personales, contrario a lo que ocurría hace apenas unos años, cuando sus adversarios políticos contabilizaron que sus riquezas podrían valorarse en casi una treintena de millones de pesos, debido a un conjunto de propiedades inmobiliarias.
A pesar de un nuevo aumento de los precios internacionales del petróleo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto al fuego con Irán se encuentra «conectado a un respirador artificial», luego de calificar la propuesta de paz de Teherán como «basura». «Es increíblemente débil… después de leer esa basura que nos enviaron, ni siquiera terminé de leerla», respondió el mandatario a los periodistas en el marco de un acto de salud materna en la Casa Blanca.
El precio de la vivienda en México mantiene incrementos por encima de la inflación. De acuerdo con datos de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el valor promedio de las viviendas adquiridas mediante crédito hipotecario creció 8.7% anual en el primer trimestre del 2026, muy por encima del avance del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
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