Autoridades de EU procesaron a los exfuncionarios sinaloenses Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez por presuntos vínculos con Los Chapitos.
Por Martín García | Reportero
Agencias de seguridad de Estados Unidos informaron sobre la detención en Europa de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. El exfuncionario aceptó entregarse de forma inmediata a autoridades estadounidenses para enfrentar cargos federales. El caso se relacionó con investigaciones abiertas contra colaboradores del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con reportes, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, también se entregó a autoridades estadounidenses en la frontera entre Tijuana y San Diego. La entrega ocurrió en la garita Otay Mesa, donde agentes federales formalizaron el procedimiento judicial. Ambos exfuncionarios aceptaron declararse culpables con el propósito de obtener reducciones de condena.
Las investigaciones estadounidenses incluyeron señalamientos sobre presuntos vínculos con una facción de Los Chapitos. Autoridades norteamericanas sostuvieron que las indagatorias involucraron operaciones relacionadas con tráfico de drogas y protección institucional. Los expedientes permanecieron bajo supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Investigación contra exfuncionarios
Fuentes relacionadas con el caso señalaron que Enrique Díaz Vega buscó acuerdos con autoridades estadounidenses mediante abogados especializados. El exsecretario intentó convertirse en testigo colaborador dentro del proceso judicial abierto contra Rubén Rocha Moya y otros excolaboradores. Sin embargo, las autoridades norteamericanas rechazaron inicialmente esa propuesta de cooperación.
Información obtenida por este medio indicó que Enrique Díaz Vega contrató representación legal para gestionar acercamientos con fiscales estadounidenses. El empresario de la construcción, quien acumuló una fortuna antes de incorporarse al servicio público, sostuvo contactos con especialistas en litigios internacionales. El proceso incluyó trámites y documentación requerida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses mantuvieron abierta la investigación sobre presuntas operaciones vinculadas con grupos delictivos en Sinaloa. Los expedientes contemplaron declaraciones, registros financieros y presuntos vínculos entre funcionarios y estructuras criminales. El proceso judicial avanzó bajo jurisdicción federal estadounidense. –sn–
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