Los colectivos convocaron a organizaciones sociales, pueblos indígenas, universidades, sindicatos, iglesias, medios libres y periodistas a pronunciarse de forma urgente sobre el caso.

Por Martín García | Reportero                                      

Organizaciones denunciaron omisión del Estado mexicano ante los riesgos que enfrentó la Misión Civil de Observación durante su traslado hacia la región de la Montaña Baja de Guerrero. El pronunciamiento señala que integrantes de la misión se dirigieron a la comunidad de Alcozacán, donde comunidades indígenas padecieron ataques armados, desplazamiento forzado y violaciones a derechos humanos.

Las organizaciones indicaron que autoridades federales se comprometieron previamente a brindar acompañamiento y medidas de seguridad para garantizar el ingreso seguro de la misión. Sin embargo, el documento precisó que el 22 de mayo los participantes recibieron la notificación de que no existiría resguardo oficial cuando se encontraban a pocos minutos de arribar a Tlapa.

El pronunciamiento colectivo advirtió que la falta de protección colocó en peligro la integridad física, psicológica y política de quienes participaron en la observación civil. Las agrupaciones responsabilizaron al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno de cualquier agresión, amenaza, intimidación o ataque armado contra los participantes.

Antecedentes violentos

Las organizaciones recordaron la agresión registrada contra la Caravana Humanitaria hacia San Juan Copala, donde murieron la defensora de derechos humanos Bety Cariño y el observador internacional Jyri Jaakkola. El comunicado afirmó que aquel hecho evidenció consecuencias derivadas de la falta de garantías de seguridad y de la omisión institucional frente a grupos armados. Los firmantes señalaron que esos antecedentes obligaron a emitir una alerta urgente por el contexto actual en Guerrero.

El documento sostuvo que actualmente persistió un patrón relacionado con promesas de protección incumplidas y comunidades indígenas abandonadas frente a grupos criminales. Las organizaciones afirmaron que las autoridades retiraron mecanismos de seguridad previamente comprometidos para el acompañamiento de la misión. También denunciaron que personas defensoras quedaron expuestas ante contextos de violencia regional.

Las agrupaciones indicaron que la memoria de Bety Cariño y Jyri Jaakkola mantuvo vigencia frente a situaciones donde se puso en riesgo a quienes acompañaron luchas comunitarias. El comunicado señaló que la omisión institucional también representó una forma de responsabilidad frente a posibles agresiones. Los colectivos consideraron indispensable documentar cada incumplimiento relacionado con la seguridad de la misión.

Exigen medidas inmediatas

Las organizaciones exigieron que el Estado mexicano garantizara de manera inmediata el acompañamiento seguro de la Misión Civil de Observación hasta Alcozacán. También solicitaron una ruta segura de ingreso, permanencia y salida para periodistas, observadores y defensores de derechos humanos presentes en la región. El pronunciamiento incluyó la demanda de protección urgente para comunidades desplazadas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.

El documento pidió investigar ataques armados, desplazamiento forzado y la actuación de grupos narco-paramilitares en la Montaña Baja de Guerrero. Las organizaciones solicitaron la intervención inmediata de organismos nacionales e internacionales especializados en derechos humanos. Asimismo, requirieron mecanismos públicos y verificables de seguridad para garantizar la integridad de los participantes de la misión.

Los colectivos convocaron a organizaciones sociales, pueblos indígenas, universidades, sindicatos, iglesias, medios libres y periodistas a pronunciarse de forma urgente sobre el caso. El llamado incluyó la emisión de comunicados, conferencias de prensa y acciones de vigilancia pública para monitorear la seguridad de la misión civil. Las agrupaciones insistieron en que la solidaridad nacional e internacional resultó necesaria para evitar nuevas agresiones contra comunidades indígenas.

Organizaciones firmantes

Entre las agrupaciones firmantes aparecieron Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA, Frente Popular Revolucionario (FPR) y Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). También suscribieron el documento Radio indígena y Comunitaria Ecos de la sal, Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano y el Grupo Latinoamericano de Estudios Formación y Acción (GLEFAS). Las organizaciones señalaron que el acompañamiento comunitario formó parte de acciones de observación y defensa de derechos humanos.

El posicionamiento también incluyó a Centro de Formación para la Autonomía Teocentli, Radio Comunitaria Zacatepec y el Colectivo Huitzil Urbano. Se sumaron organizaciones nacionales e internacionales como Betyren Lagunak del País Vasco y colectivos de Veracruz y Oaxaca vinculados a procesos de autonomía comunitaria. Los firmantes señalaron que mantendrían vigilancia pública sobre el desarrollo de la misión.

La lista de adhesiones integró además a Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO) y el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C.. El documento también reunió apoyos de redes académicas, radios comunitarias y agrupaciones campesinas de distintas regiones del país. Las organizaciones reiteraron la exigencia de garantías de seguridad para comunidades indígenas desplazadas en la Montaña Baja de Guerrero. –sn–

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