Agresiones y despojo marcaron misión civil en San Lorenzo Azqueltán.

Por Martín García | Reportero                                      

La Misión Civil de Observación (MCO) informó que realizó un recorrido en la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, ubicada en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, donde documentó agresiones, amenazas y actos de discriminación vinculados con la defensa territorial.

Las organizaciones participantes señalaron que recopilaron testimonios sobre racismo, hostigamiento y criminalización contra integrantes de la comunidad indígena. El informe también refirió que la población mantuvo procesos de resistencia comunitaria frente a conflictos agrarios y de seguridad registrados en la región.

La comunidad indígena sostuvo un reclamo formal ante el Estado mexicano desde 1951 para obtener el reconocimiento de su territorio ancestral, aunque fue hasta 2013 cuando fortaleció sus procesos organizativos y reafirmó su autonomía y libre determinación. En 2015, los comuneros presentaron nuevamente la solicitud de reconocimiento de bienes comunales ante el Tribunal Agrario Distrito XVI. Desde entonces, según la documentación presentada por la misión, aumentaron los episodios de despojo, amenazas y agresiones físicas contra defensores comunitarios.

La misión registró que el conflicto territorial derivó en desapariciones, intentos de homicidio y hechos violentos contra integrantes de la comunidad indígena. Entre los casos mencionados apareció el asesinato del representante agrario Marcos Aguilar Rojas, ocurrido el 26 de noviembre de 2025 en el contexto de la defensa territorial. Las organizaciones indicaron que los procesos de criminalización se intensificaron a partir de la exigencia comunitaria para conservar la posesión de sus tierras ancestrales.

Diálogo con autoridades

La Misión Civil de Observación (MCO) sostuvo reuniones con autoridades del gobierno estatal encabezadas por Alberto Bayardo Pérez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. Durante los encuentros, representantes de la comunidad wixárika y tepecana expusieron la persistencia de agresiones y solicitaron soluciones integrales con enfoque intercultural y de derechos humanos. Las organizaciones acompañantes también presentaron denuncias relacionadas con amenazas y omisiones institucionales registradas en la zona.

Las agrupaciones participantes reconocieron la apertura mostrada por diversas dependencias estatales para establecer una ruta de diálogo y seguimiento sobre la situación en San Lorenzo Azqueltán. Sin embargo, señalaron que la violencia documentada desde 2018 exigió medidas concretas, coordinadas y permanentes para garantizar la seguridad y la protección territorial de la comunidad indígena. El informe precisó que los derechos colectivos vinculados con la vida, la seguridad y el territorio permanecieron en condición de vulnerabilidad.

La misión documentó testimonios relacionados con violaciones al derecho de autoadscripción indígena, el cual permite a los pueblos originarios reconocerse como parte de una comunidad sin necesidad de documentos oficiales. Las organizaciones indicaron que dicha omisión afectó la incorporación de habitantes a programas sociales y políticas públicas. También señalaron limitaciones para reconocer formas tradicionales de autogobierno y procesos internos de toma de decisiones. –sn–

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