La justicia penal utiliza la «interseccionalidad», evaluando cuántas variables de vulnerabilidad se cruzan en una misma persona.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El sistema de justicia en México cuenta con protocolos, instrumentos legales y apoyos institucionales —como intérpretes, trabajadores sociales y facilitadores— para asegurar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan participar plenamente en los procesos judiciales, así lo señaló Mario Daniel Barragán Rodríguez, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al advertir que la desigualdad en México tiene un origen claro: las barreras sociales.

El juzgador aclaró que ningún sector es vulnerable per se. La vulnerabilidad se genera cuando las estructuras y los contextos sociales imponen límites, obstáculos o barreras que obstruyen el ejercicio libre y efectivo de los derechos humanos.

Barragán Rodríguez señaló que, para determinar el nivel real de desigualdad en un caso concreto, la justicia penal utiliza la «interseccionalidad», evaluando cuántas variables de vulnerabilidad se cruzan en una misma persona.

Además, destacó el abandono del antiguo «estado de interdicción» hacia un enfoque social, implementando figuras como facilitadores e intérpretes que expanden la capacidad de decisión de las personas en lugar de anularla –sn–

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