La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta cuestionamientos por resoluciones que ordenan a los congresos de Yucatán y Puebla aprobar reformas específicas dentro de plazos determinados.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el centro de una discusión jurídica y política por resoluciones dirigidas a los congresos locales de Yucatán y Puebla, en las que establece plazos para realizar reformas legislativas y contempla sanciones económicas en caso de incumplimiento.

De acuerdo con documentos judiciales, el caso de Yucatán alcanzará una etapa clave este lunes, cuando se determine el estado de cumplimiento de una resolución relacionada con modificaciones constitucionales en materia del derecho a la vida.

Especialistas en derecho constitucional señalan que el debate rebasa el contenido de los temas discutidos y se centra en los alcances de las facultades de la Corte frente a los poderes legislativos estatales.

Caso Yucatán

Mediante el Oficio 13108/2026, el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán notificó a los integrantes del Congreso local sobre la obligación de cumplir una resolución derivada del Amparo en Revisión 274/2024.

La determinación instruye al Poder Legislativo estatal a derogar disposiciones consideradas inconstitucionales en materia de aborto antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones correspondiente.

El apercibimiento contempla multas individuales de hasta 269 mil 226 pesos para los legisladores en caso de incumplimiento de la resolución judicial.

Caso Puebla

En Puebla, la discusión se relaciona con la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021, mediante la cual el Tribunal Pleno vinculó al Congreso estatal para reformar el Código Civil local en materia de reconocimiento de identidad de género autopercibida para menores de edad.

La resolución estableció un plazo de doce meses para realizar las adecuaciones legislativas correspondientes y contempla sanciones económicas para funcionarios responsables de informar sobre el cumplimiento.

Las multas previstas pueden alcanzar hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 14 mil pesos.

Debate constitucional

El constitucionalista Abraham Madero Márquez sostuvo que la discusión central consiste en determinar si un tribunal constitucional puede ordenar no solo la revisión de normas, sino también el contenido específico de las reformas que deben aprobar los congresos locales.

De acuerdo con el especialista, la preocupación radica en que las resoluciones judiciales podrían influir directamente en el resultado de las deliberaciones parlamentarias, lo que abriría un debate sobre la autonomía de los poderes legislativos estatales.

Madero Márquez argumentó que diversos artículos de la Constitución establecen la soberanía de las entidades federativas y la facultad exclusiva de los congresos para crear, modificar y derogar leyes dentro de sus respectivas competencias.

Argumentos sobre federalismo

Entre los puntos señalados por especialistas se encuentra la defensa del pacto federal, la autonomía legislativa de los estados y los límites constitucionales de las facultades jurisdiccionales.

También se menciona que la función principal de la SCJN consiste en interpretar y aplicar la Constitución, mientras que la creación de normas corresponde a los órganos legislativos federales y locales. –sn–

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