La OMCT clasificó a México como un país de riesgo alto en el Índice Global de la Tortura 2025 por impunidad y debilidades institucionales.

Por Martín García | Reportero                                      

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) clasificó a México como un país de riesgo alto en el Índice Global de la Tortura 2025, presentado en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, conmemorado cada 26 de junio. El organismo evaluó las condiciones legales e institucionales relacionadas con la prevención, investigación y sanción de este delito. El informe identifica factores que, a su juicio, mantienen riesgos persistentes para los derechos humanos.

De acuerdo con la OMCT, la tortura continúa vinculada en México con altos niveles de impunidad y con prácticas como las detenciones arbitrarias. El documento también señala preocupaciones relacionadas con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, así como con las limitaciones institucionales para investigar y sancionar a los responsables.

El informe sostiene que estos factores afectan el acceso de las víctimas a la justicia y dificultan la erradicación de la tortura. La organización consideró que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para revertir esta problemática.

Persisten desafíos

La OMCT explicó que el índice evalúa el marco jurídico, las políticas públicas y la capacidad institucional de los países para prevenir la tortura. También analiza la actuación de las autoridades encargadas de investigar las denuncias y garantizar la rendición de cuentas.

Según el organismo, la permanencia de prácticas que permiten restricciones a la libertad personal sin sentencia definitiva representa uno de los elementos considerados dentro de la evaluación realizada para México.

El documento agrega que la impunidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para combatir la tortura y garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas afectadas.

Llaman a fortalecer instituciones

La organización internacional planteó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la tortura. También señaló la importancia de consolidar mecanismos independientes de supervisión y protección de los derechos humanos.

El informe sostiene que las reformas legales deben acompañarse de acciones efectivas para garantizar investigaciones imparciales y el procesamiento de quienes resulten responsables cuando existan pruebas suficientes. –sn–

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