Organizaciones civiles protestaron frente a la SCJN para exigir respeto al federalismo y a las facultades de los congresos estatales.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Integrantes de las organizaciones Actívate, 40 Días por la Vida y Frente Nacional por la Familia, entre otras, se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir respeto a la división de poderes, al federalismo y a la soberanía legislativa de las entidades federativas.

Los participantes sostuvieron que algunas resoluciones del máximo tribunal afectan las atribuciones constitucionales de los congresos estatales. También afirmaron que las decisiones cuestionadas vulneran el pacto federal.

Durante el pronunciamiento, los manifestantes señalaron que la SCJN estaría asumiendo funciones que corresponden al Poder Legislativo. Indicaron que, a su juicio, el tribunal excede los límites de su función constitucional al ordenar modificaciones a normas aprobadas por congresos locales.

Los participantes expresaron su rechazo a resoluciones relacionadas con Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, Puebla, Jalisco, Querétaro y Yucatán, al considerar que responden a criterios que, según dijeron, no fueron discutidos mediante procesos democráticos en las entidades involucradas.

Cuestionan decisiones judiciales

Luis Barrera, representante de Actívate, afirmó que la separación de poderes constituye uno de los pilares del sistema democrático mexicano. Sostuvo que la actuación de la SCJN representa una presión sobre legisladores locales y limita el ejercicio de sus facultades constitucionales.

El activista indicó que los congresos estatales deben conservar la libertad para legislar dentro de las competencias que les otorga la Constitución. Agregó que el federalismo y la autonomía de las entidades federativas, en su opinión, enfrentan un escenario de riesgo si continúan este tipo de resoluciones.

Los manifestantes recordaron que, de acuerdo con su interpretación, la propia Corte ha reconocido en distintos precedentes la facultad de los estados para expedir normas dentro de su ámbito competencial. Por ello, consideraron contradictorio que ahora se impulsen cambios a legislaciones aprobadas por los congresos locales. –sn–

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