Colectivos de víctimas y sobrevivientes denunciaron que la tortura continúa como una práctica sistemática en México y exigieron fortalecer las investigaciones, combatir la impunidad y garantizar justicia.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, familiares, víctimas y sobrevivientes provenientes de Baja California, Chiapas, Oaxaca, ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, estado de México, Jalisco y Quintana Roo hicieron un llamado conjunto para denunciar que la tortura continúa siendo una práctica sistemática en México y demandaron acciones efectivas para erradicarla.

A través de un pronunciamiento público, los colectivos señalaron que esta práctica sigue siendo utilizada para obtener confesiones bajo coerción, fabricar culpables y vulnerar el derecho al debido proceso, además de denunciar la persistencia de altos niveles de impunidad.

Señalan deficiencias en la prevención e investigación de la tortura

Los firmantes citaron el Índice Global de Tortura de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el cual identifica deficiencias estructurales en México para prevenir, investigar y sancionar este delito, así como obstáculos para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral de las víctimas.

Indicaron que, pese a la existencia de un marco jurídico especializado, persiste una amplia brecha entre la legislación y su aplicación efectiva, situación que favorece la repetición de estos hechos.

Asimismo, cuestionaron la permanencia de figuras como la prisión preventiva oficiosa, el arraigo y las detenciones arbitrarias, al considerar que facilitan actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos.

Denuncian impactos en mujeres, población LGBTIQ+ y personas privadas de la libertad

El pronunciamiento destacó que la tortura genera afectaciones diferenciadas en diversos grupos de la población.

Los colectivos recordaron los casos de mujeres fallecidas bajo custodia en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, así como denuncias de tortura sexual, además de agresiones contra integrantes de la comunidad LGBTIQ+, particularmente mujeres trans.

También señalaron que estas prácticas no se limitan a centros de detención, sino que pueden presentarse durante protestas sociales, en estaciones migratorias y en instituciones de salud mental o de rehabilitación para personas con problemas de consumo de sustancias. –sn–

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