El CEMDA exhortó a la SEMA de Quintana Roo a acatar la resolución judicial que anuló el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto San Mex y ordenó realizar una consulta pública en Playa del Carmen.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) hizo un llamado a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo para que cumpla la resolución emitida por un Tribunal Colegiado, la cual deja sin efectos el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) del proyecto San Mex y ordena realizar la consulta pública que fue omitida.

El organismo informó que el pasado 23 de junio, el Juzgado Quinto de Distrito en Quintana Roo declaró que la SEMA incurrió en un evidente desacato a la ejecutoria dictada dentro del Amparo en Revisión 597/2025.

De acuerdo con el CEMDA, la resolución judicial obliga a la autoridad ambiental estatal a cumplir con lo ordenado por el Tribunal y garantizar la participación ciudadana en el procedimiento.

Ordenan reponer el procedimiento ambiental

El organismo recordó que el 6 de mayo de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región resolvió dejar insubsistente el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto San Mex.

La sentencia también instruyó a la SEMA a realizar la consulta pública que previamente fue negada a habitantes de Playa del Carmen, como parte del proceso de evaluación ambiental del proyecto.

El CEMDA reiteró su llamado para que la autoridad ambiental estatal acate plenamente la resolución judicial y garantice el derecho de la comunidad a participar en los procedimientos ambientales conforme a la legislación vigente.

¿Qué es el proyecto San Mex?

El Proyecto San Mex de Playa del Carmen, Quintana Roo, se trata de infraestructura para el manejo y tratamiento de aguas residuales que ha generado controversia por temas ambientales y de participación ciudadana.

El proyecto contempla:

• Un centro especializado para la recepción, mantenimiento y operación de vehículos que recolectan y transportan aguas residuales.
• Una planta de tratamiento de aguas residuales.
• Talleres mecánicos, áreas de lavado y resguardo de unidades.
• Instalaciones para el manejo de lodos y grasas.
• Oficinas administrativas y áreas de servicio para el personal.
• Su construcción está prevista en un predio de aproximadamente 8,725 metros cuadrados en Playa del Carmen, con una inversión estimada de 12 millones de pesos.

El proyecto ha sido objeto de un litigio judicial. En junio de 2026, un Tribunal Federal determinó que la autoridad ambiental de Quintana Roo otorgó la autorización sin realizar la consulta pública que exige la legislación para proyectos con posibles impactos ambientales. Como consecuencia, ordenó dejar sin efectos la autorización ambiental hasta que se lleve a cabo dicho proceso de consulta y posteriormente se emita una nueva resolución.

La controversia se centra en dos posturas principales:

• Los promotores sostienen que el proyecto busca mejorar el manejo y tratamiento de aguas residuales en la zona.
• Organizaciones ambientales y vecinos argumentan que la autorización fue irregular al no garantizar el derecho de la comunidad a participar e informarse antes de aprobar la obra. –sn–

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