La Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC) y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces (JUFED) denunciaron el despido de trabajadores del Instituto.

Por Martín García | Reportero                                      

La magistrada de circuito en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC), María Emilia Molina, denunció el despido de 43 trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), ocurrido el pasado 30 de junio. Señaló que las bajas ocurrieron en un área especializada que brinda apoyo técnico para la defensa de personas que carecen de recursos para contratar representación jurídica.

De acuerdo con la magistrada, las personas separadas de sus cargos no realizaban funciones administrativas, sino investigaciones socioeconómicas, dictámenes de trabajo social y evaluaciones para identificar condiciones de vulnerabilidad entre quienes solicitan asistencia jurídica del Estado.

Explicó que este personal intervenía en asuntos relacionados con mujeres víctimas de violencia, menores de edad, personas indígenas, migrantes y otros sectores que requieren atención especializada dentro del sistema de justicia.

Advierten impacto en el acceso a la justicia

María Emilia Molina sostuvo que la salida de estos profesionales debilita la capacidad del Estado para ofrecer una justicia profesional, independiente y de calidad, particularmente a quienes enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

También manifestó preocupación porque estos despidos ocurran pese a los compromisos públicos de respetar los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial durante la implementación de la reforma judicial.

La presidenta de la AMJAC consideró que la permanencia de personal especializado resulta indispensable para garantizar una defensa adecuada y una atención integral a quienes recurren a los servicios del IFDP.

JUFED rechaza decisiones del OAJ

Por separado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces (JUFED) emitió un pronunciamiento en el que expresó su rechazo a lo que calificó como actos discrecionales realizados por autoridades del Órgano de Administración Judicial (OAJ) en contra de personal de distintas áreas operativas, trabajadoras sociales y personal administrativo.

La organización afirmó que, con base en testimonios de personas afectadas, se ha documentado un ambiente de hostilidad y vulneración de derechos laborales dentro de las oficinas encargadas de la administración judicial. Agregó que la mayoría de las personas afectadas son mujeres que desempeñaban funciones de apoyo y administrativas.

La JUFED sostuvo que estas condiciones afectan la dignidad de las personas trabajadoras y generan incertidumbre entre quienes forman parte de las instituciones encargadas de la impartición de justicia.

Reforma judicial en el centro del debate

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) fue creado como parte de la reforma judicial para asumir las funciones administrativas, de carrera judicial y gestión de personal que anteriormente correspondían al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Durante el proceso de discusión y aprobación de esa reforma, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, entonces presidenta electa, afirmó que se respetarían los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial durante la transición institucional.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades responsables no habían emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos realizados por la AMJAC y la JUFED respecto a los despidos en el Instituto Federal de Defensoría Pública. –sn–

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