La SCJN discutirá un proyecto que propone invalidar la auditoría practicada a la presidente Abelina López Rodríguez al considerar que la ASEG no tenía facultades para revisar recursos federales.

Por Martín García | Reportero                                      

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto discutir el próximo lunes un proyecto que propone invalidar la auditoría practicada a la administración municipal de Acapulco, mediante la cual se atribuyó responsabilidad a la presidente Abelina López Rodríguez por la presunta falta de comprobación de 898 millones de pesos de recursos federales.

El proyecto fue elaborado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien plantea que la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASEG) careció de fundamento legal.

La propuesta será sometida a consideración del Pleno del máximo tribunal, que decidirá si confirma o rechaza ese criterio.

Cuestionan facultades de auditoría estatal

El proyecto sostiene que la ASEG fiscalizó recursos federales sin contar con un acuerdo previo de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), requisito previsto en el marco constitucional y legal.

Bajo ese argumento, el ministro considera que la autoridad estatal excedió sus atribuciones al revisar el ejercicio de recursos cuya fiscalización corresponde al ámbito federal.

De aprobarse el proyecto, la auditoría quedaría sin efectos por haber sido realizada por una autoridad que, según la propuesta, no tenía competencia para efectuar esa revisión.

Proyecto retoma criterios previos

La propuesta retoma precedentes emitidos por la anterior integración de la SCJN, en los que se estableció que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la autoridad competente para fiscalizar directamente los recursos federales.

Esos criterios también reconocen que las entidades fiscalizadoras estatales únicamente pueden intervenir mediante mecanismos de coordinación previamente establecidos con la autoridad federal.

El análisis del caso se centrará en determinar si la actuación de la ASEG respetó el esquema constitucional de distribución de competencias. –sn–

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