La Fiscalía General de la República (FGR) busca ejecutar órdenes de aprehensión contra tres militares que encabezaron la Aduana de Matamoros, señalados por su presunta participación en una red de contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos, considerada uno de los mayores casos de huachicol fiscal.
Por Martín García | Reportero
La Fiscalía General de la República (FGR) busca aprehender a tres integrantes del Ejército Mexicano que ocuparon cargos de mando en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, por su presunta responsabilidad en un esquema de contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos, uno de los mayores casos de huachicol fiscal investigados en el país.
Los señalados son los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, así como el teniente de Policía Militar Jorge García García, exsubdirector de Operación Aduanera del mismo recinto.
De acuerdo con la investigación, la FGR considera que los exfuncionarios habrían permitido el ingreso irregular de grandes volúmenes de combustible al territorio nacional, en un caso que forma parte de las indagatorias por contrabando de hidrocarburos y presuntas afectaciones al erario.
Investigación se centra en la Aduana de Matamoros
La carpeta de investigación señala que el presunto esquema operó desde la Aduana de Matamoros, uno de los principales puntos de intercambio comercial entre México y Estados Unidos.
Las autoridades investigan si existieron omisiones o actos deliberados que facilitaron el ingreso de combustible sin el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras correspondientes.
El volumen investigado, de 144 millones de litros de hidrocarburos, ubica el caso entre los más relevantes relacionados con el denominado huachicol fiscal.
Huachicol fiscal, una modalidad de contrabando
A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, el huachicol fiscal consiste en introducir o comercializar hidrocarburos mediante maniobras para evadir impuestos, alterar la clasificación de los productos o incumplir las obligaciones aduaneras y tributarias.
Las autoridades federales han señalado que esta modalidad genera pérdidas millonarias para las finanzas públicas y suele involucrar operaciones de comercio exterior, transporte y distribución de combustibles.
Investigación continúa en curso
Hasta el momento, la FGR mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad de los implicados y ejecutar las órdenes judiciales correspondientes, en caso de que hayan sido concedidas.
Las personas señaladas conservan la presunción de inocencia y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso penal. –sn–


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