La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación contra Patricia Talavera, expresidente del Sistema Nacional Anticorrupción, por una denuncia que la señala por presunto abuso de funciones al admitir una reclamación patrimonial que habría excedido sus atribuciones.
Por Martín García | Reportero
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga a Patricia Talavera, expresidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por una denuncia que la acusa de presunto abuso de funciones al admitir una demanda de responsabilidad patrimonial que, según la parte denunciante, no estaba facultada para tramitar.
La investigación deriva de una queja en la que se sostiene que Talavera se ostentó como presidente del SNA y dio trámite a una reclamación presentada por Roberto Moreno Herrera, ex secretario técnico del organismo, quien solicita una indemnización por 4.5 millones de pesos.
De acuerdo con la denuncia, la entonces integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) habría actuado sin contar con las atribuciones legales para admitir dicho procedimiento, por lo que se solicita determinar si existió una actuación irregular.
Demanda reclama indemnización por 4.5 millones de pesos
La reclamación presentada por Roberto Moreno Herrera corresponde a un procedimiento de responsabilidad patrimonial mediante el cual busca obtener una compensación económica de 4.5 millones de pesos.
La persona denunciante argumentó que la admisión del expediente se realizó por una autoridad que, presuntamente, carecía de competencia para conocer del asunto, lo que podría configurar un abuso de funciones conforme a la legislación aplicable.
Investigación busca determinar responsabilidades
La indagatoria de la Secretaría Anticorrupción tiene como propósito establecer si existieron irregularidades administrativas en la actuación de Patricia Talavera y determinar si la admisión del procedimiento se ajustó al marco jurídico vigente.
Hasta el momento, la dependencia no ha informado el resultado de la investigación ni ha emitido una resolución sobre la denuncia.
La apertura de una investigación administrativa no implica, por sí misma, que exista responsabilidad de las personas señaladas, ya que corresponde a la autoridad competente analizar las pruebas y garantizar el debido proceso antes de emitir una determinación. –sn–
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