SN Redacción
Ismael El Mayo Zambada decidió no ir a juicio y aceptó recibir cadena perpetua en Estados Unidos y solicitó al juez Brian Cogan cumplir su condena en una instalación médica apropiada, debido a la diabetes avanzada que padece. La defensa, encabezada por el abogado Frank A. Pérez, argumentó que, a diferencia de Joaquín El Chapo Guzmán, Zambada aceptó su responsabilidad, renunció a su derecho de apelación y evitó un juicio prolongado, ahorrando millones de dólares al erario de Estados Unidos.
Antes de la guerra, el cártel de Sinaloa reclutaba jóvenes como halcones por un salario de entre 200 y 400 dólares al mes. Era un trabajo de bajo riesgo; vigilaban las calles e informaban sobre los movimientos de los «pixelados verdes» o los «grises»: el Ejército y la policía. La guerra lo cambió todo. Dos años después de que un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán entregara a Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos –y se desatara una lucha por el control de la plaza–, los jóvenes tuvieron que convertirse en sicarios, pese a no tener adiestramiento. Los menores de 28 años representan 40 por ciento de los homicidios y la mitad de las personas desaparecidas en Sinaloa.
Los dos tenientes coroneles buscados por la Fiscalía General de República debido a su participación en el contrabando de combustible en la aduana de Matamoros, Tamaulipas, trataron de ampararse contra el bloqueo de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ninguno de los recursos judiciales, uno radicado en Ciudad de México y el otro en Tamaulipas, tiene sentencia definitiva. Este lunes, se publicó que estos dos militares de alto rango, junto a un elemento castrense más, forman la parte marcial de una conspiración criminal que con otros 10 funcionarios y empresarios introdujo 144 millones de litros de hidrocarburos entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025. Con esta acusación, el escándalo del contrabando de combustible en las aduanas de México llega ahora, tras la implicación de la Armada, a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Juanita hermosa. Aquí viene la fecha de la semifinal y final. Para que busques hotel y vuelos para esas fechas”, escribió emocionado Gerardo González Valencia, uno de los líderes de Los Cuinis, el clan criminal que fue clave para que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se convirtiera en una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo. En ese correo electrónico, el capo mexicano le pedía a su esposa, Wendy Amaral, que organizara un viaje familiar desde su escondite en Uruguay hacia dos de las sedes de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Entre las opciones que le envió figuraban boletos que alcanzaban los 21.300 dólares, según un documento adjunto al mensaje. “Igual busca algún lugar donde quieras pasar tu cumple para que reserves”, añadió.
El millonario negocio del huachicol fiscal en México demostró no depender de un solo grupo criminal. La Fiscalía General de la República (FGR) detectó que en sólo 52 días ingresaron 144 millones de litros de combustibles, considerado el mayor caso de contrabando de Estados Unidos a México, ocurrido a mediados de 2025. El hallazgo confirma que este delito continuó expandiéndose con total impunidad a través de las aduanas, al mismo tiempo de que ya era perseguida la red de los hermanos Farías, los mandos de la Marina originalmente vinculados a estas operaciones ilícitas.
México afila de nuevo sus críticas contra Estados Unidos y su política securitaria en el exterior. Los últimos movimientos del gobierno de Donald Trump han molestado al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum, en concreto los de una de sus patas del law enforcement, el FBI, que hace unos días anunciaba a bombo y platillo la instalación, en un museo, de la avioneta que trasladó a aquel país al narcotraficante Ismael Mayo Zambada, hace algo más de dos años. La extravagancia museística ha alimentado la idea en México de que el FBI planeó y ejecutó el secuestro del Mayo y su traslado posterior al norte de la frontera. Sheinbaum ha anunciado la presentación de un informe sobre el tema esta semana.
El gobierno de México decidió reservar por un periodo de cinco años la información relativa a la comunicación con autoridades de Estados Unidos respecto a la extradición del gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya y del senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, ambos señalados de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. Del mismo modo, el gobierno mexicano reservó por espacio de tres años las minutas de la reunión celebrada el 21 de mayo pasado, en Palacio Nacional, entre la presidente Claudia Sheinbaum, integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en la que trascendió que el enviado estadounidense habría pedido la entrega de los políticos sinaloenses.
Mover petróleo sin dejar rastro, facturar miles de millones de pesos sin infraestructura, crear empresas que únicamente comercian entre sí y conectar toda la operación con compañías constituidas en Texas es la forma en que se constituye el mapa que dibujan las denuncias presentadas ante autoridades federales contra Gerardo Sánchez Zumaya. El empresario potosino es señalado como presunto líder de una organización que habría utilizado una red de compañías para lavar dinero, defraudar al fisco y ocultar la extracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos y productos petroquímicos desde instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En Texas, desde hace 6 meses, la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional contra los Cárteles), tiene la encomienda específica de combatir en la frontera a grupos criminales mexicanos e identificar y apoyar en investigaciones sobre funcionarios que colaboran con el narco en tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. Los reportes han derivado en cancelación de visas, aseguramiento de bienes y activos, así como incluir a políticos corruptos en la lista SDN (Nacionales Designados Especialmente o Personas Bloqueadas por Washingto
Óscar Luciano Martínez Larios, conocido como El Casco, es uno de los objetivos principales del Ejército y la Marina en Sinaloa. Las fuerzas armadas desplegaron al sur de la entidad un fuerte operativo para capturarlo durante el fin de semana. Este, no obstante, provocó un choque con hombres armados y al menos diez pistoleros de la facción de Los Chapitos fueron abatidos por los militares en las acciones. El saldo de un cruento fin de semana no se cerró allí. La Secretaría de Seguridad informó el lunes de la muerte de un marino tras una emboscada criminal en San Marcos, una comunidad de Mazatlán. Otros tres militares fueron heridos por los presuntos delincuentes. Las autoridades no han podido concretar la misión.
La teoría del «segundo tirador» en el caso Colosio volvió a fracasar ante la justicia federal. Tras casi ocho meses en prisión, un tribunal federal canceló el proceso y ordenó liberar a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, registrado el 23 de marzo de 1994. El Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca emitió el fallo con base en dos argumentos: que no había pruebas de un acuerdo previo entre Sánchez y Mario Aburto para asesinar al candidato presidencial y que el delito –el cual reclasificó– ya había prescrito desde 2014.
La defensa de Gilda Susana Lozoya Austin denunció actos de intimidación y amedrentamiento a su clienta por parte de autoridades federales, al «merodear» su casa y citarla el sábado pasado a las oficinas de la Guardia Nacional (GN) en Ecatepec, Estado de México, para practicarle una evaluación de riesgos. En una carta pública, el abogado Alejandro Rojas Pruneda acusó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la GN han cometido graves violaciones al debido proceso, la presunción de inocencia, la protección de datos personales y el derecho de defensa.
La Fiscalía General de la República (FGR) considera que Gilda Susana Lozoya Austin fue un «eslabón» con un peso específico para que su hermano Emilio Lozoya Austin cobrara un soborno de 3.5 millones de dólares y, al llegar a la dirección de Pemex, comprara con sobreprecio la planta «chatarra» de Agronitrogenados, informaron fuentes federales. En la teoría del caso de la FGR se considera que la mujer fue parte de esta supuesta maniobra con la que su hermano pretendió enmascarar el pago «corrupto» que presuntamente recibió de Altos Hornos de México (AHMSA), entonces propiedad de Alonso Ancira.
Frente al proceso que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Lozoya, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, y a la que se responsabiliza en operaciones irregulares, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a esa instancia informar con detalle la participación que tuvo la hermana del exfuncionario. A la vez, anunció que se reactivó la orden de aprehensión en contra del exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA) Alonso Ancira, involucrado también en el presunto fraude del que se señala a Lozoya.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará si los empresarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani pueden ser considerados responsables solidarios de un crédito fiscal por 689.3 millones de pesos derivado de impuestos retenidos y no enterados al fisco por ABC Aerolíneas (Interjet), de la que fungían como presidente y vicepresidente. Por mayoría de siete votos contra dos, de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, el Pleno determinó ayer, a propuesta del ministro Arístides Guerrero García, ejercer su facultad de atracción para conocer los recursos de revisión fiscal 205/2025 y 253/2025.
Un Juez federal de Control vinculó a proceso a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, señalado como presunto operador financiero del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón y actualmente que está detenido en Estados Unidos cumpliendo una sentencia. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el detenido fue el encargado de participar en una ingeniería financiera creada por García Luna, compuesta por cuatro grupos de servidores públicos, personas físicas y morales para el desvío de recursos.
La Fiscalía General de la República obtuvo, en juicio oral, sentencia de tres años de prisión y el pago de una multa de 10 mil 374 pesos, contra José “N”, a quien se le acreditó su participación en el delito de portación de arma de fuego sin licencia. La Fiscalía, a través del agente del MPF inició las indagatorias correspondientes y reunió los medios de prueba expuestos al Juez de Control, adscrito al CJPF, quien dictó la sentencia referida.
Un Juez federal ordenó revisar la legalidad de la detención del ciudadano indígena Mauricio C. acusado del asesinato de la activista Gloria Cañez y su hija Sally, en la comunidad de la Yerbabuena, municipio de Balleza, Chihuahua. Así lo informó la defensa del imputado, quien detalló que al momento de la detención y luego de iniciado el proceso judicial, no tuvo acceso a un intérprete, por lo que el detenido no pudo comprender lo que estaba ocurriendo.
Ernesto Rafael N, El Sierra 1, fue vinculado a proceso por el homicidio de Sergio Rangel, reconocido productor y líder mezcalero en Michoacán, así como por lesiones calificadas en agravio de dos personas, entre ellas, la madre de la víctima. El juez de control consideró que el señalado tuvo una «probabilidad» de ser el autor material del crimen, por lo que dictó también prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Durante la audiencia en la sala 1 de juicios orales del Poder Judicial, El Sierra 1 se desistió de su derecho a declarar, al igual que su defensa de aportar o controvertir algún dato de prueba aportado por la parte acusatoria. Esta decisión, según se explicó en entrevista a los medios, fue por mera «estrategia».
Mexicana de Aviación registra litigios por 15 mil 68 millones de pesos, de acuerdo a una auditoría externa como parte de la Cuenta Pública 2025, siendo el principal un conflicto con la empresa estadounidense SAT Aero Holdings. Sin embargo, pese a la cifra reconocida en la auditoría, registros públicos del caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York refieren que el monto reclamado en tribunales por la empresa fue corregido a 9.9 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 174 millones de pesos.
La FGR promovió una demanda de extinción de dominio, para que el gobierno se quede en definitiva con un buque tanque asegurado en 2020, por uno de los primeros casos relevantes de presunto tráfico de combustible robado registrados en el sexenio pasado. Se trata del buque Blue Commander, valuado en 15 millones de dólares, que ha estado anclado en el puerto de Coatzacoalcos desde septiembre de 2020. Dicho buque es propiedad de la empresa «Blue Commander SAPI», que tenía al momento del aseguramiento como copropietario mayoritario a Unifin (de Rodrigo Lebois); el minoritario era Blue Giant SA de CV.
Un grupo de ciudadanos que promovió la demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz genéticamente modificado en México denunció una serie de anomalías procesales en la segunda instancia del juicio y pidió al Poder Judicial garantizar que el litigio continúe sin más contratiempos. Según el Informe semestral de la demanda colectiva maíz número 26, emitido el 5 de julio, durante la segunda instancia (proceso que se sigue desde hace casi tres años) han documentado irregularidades atribuidas al primero y segundo tribunales colegiados de apelación, así como al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
La violencia vicaria es parte de la realidad de muchas mujeres. Se trata de una forma cruel de violencia de género que suele utilizar a las hijas y los hijos con el único propósito de agredir a sus madres. Durante mucho tiempo, estas historias permanecieron invisibles. Fueron las propias mujeres quienes lograron nombrarla, documentarla e impulsar su reconocimiento en la legislación mexicana. Ese reconocimiento llegó a la Suprema Corte, donde hemos comenzado a responder algunas de las preguntas jurídicas más importantes que han surgido. Una de las más recurrentes era determinar si la ley discrimina al reconocer únicamente a las mujeres como víctimas. La respuesta ha sido clara: no.
Durante las últimas semanas, el Máximo Tribunal ha emitido fallos relacionados con leyes del Registro Civil en los estados de Yucatán, Aguascalientes y Jalisco, los cuales fortalecen derechos humanos vinculados con los apellidos, la identidad de género y la protección de datos personales en las actas de nacimiento. Los fallos representan un cambio importante en la manera en que el Estado mexicano regula la identidad de las personas y limitan la intervención gubernamental en decisiones familiares y personales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso de revisión con el que la automotriz estadunidense General Motors (GM) pretendía librar un añejo adeudo fiscal que arrastra con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por mayoría de ocho votos, el pleno del máximo tribunal del país respaldó el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, el cual frena de manera definitiva la estrategia jurídica de la corporación, que “intentó evitar desde al menos 2017” cumplir con el requerimiento de las autoridades hacendarias.
El Máximo Tribunal invalidó disposiciones de la reforma judicial del estado de Quintana Roo, , entre ellas las que ampliaban la estructura Judicial de manera indefinida, mediante cláusulas abiertas, las atribuciones dadas al Tribunal Superior de Justicia, a su pleno para determinar la conformación, integración, residencia y competencia de las salas que lo integran, así como los cambios de adscripción de personas juzgadoras; además del mecanismo de designación de presidencias del TDJ local y del OAJ también de Quintana Roo.
La SCJN invalidó diversos artículos de la Ley de Ingresos del municipio de Oaxaca de Juárez, entre ellos el que autorizaba cobrar 117.30 pesos por el acceso a las bibliotecas públicas, al considerar que la medida vulnera el derecho constitucional a la educación. Los Ministros resolvieron que el cobro resulta contrario a la Constitución y a los principios de seguridad jurídica. Además, advirtieron que no es la primera ocasión en que el municipio incluye este concepto de pago dentro de su legislación.
La SCJN rechazó atraer un amparo relacionado con una presunta infiltración estatal en el caso de Higinio Bustos Navarro, un defensor de derechos humanos indígena, catalogado como detenido de manera arbitraria. La Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 517/2026, formulada y promovida por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. El propósito de la solicitud era que el Máximo Tribunal conociera y resolviera el amparo directo 26/2026, radicado originalmente en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
El Congreso del Trabajo, que agrupa a las principales centrales obreras del país, manifestó se reconocimiento a la Suprema Corte por su determinación de haber rechazado la intención de cobrar impuestos al fondo de retiro de los Trabajadores. El presidente del CT, Reyes Soberanis Moreno, declaró que la mayoría de las y los Ministros, al resolver una contradicción de criterios, analizaron si los recursos de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro que reciben las personas beneficiarias de Trabajadores fallecidos están exentos del ISR. El sector de los Trabajadores, dijo el líder del CT, rechaza que haya intentos de dañar el proceso de recuperación del poder adquisitivo y espera que el PJF, en esta nueva etapa, resuelva en todas las acciones que le correspondan poniendo siempre el interés y sentido de Justicia para todos, que den certeza en el desarrollo de nuestra nación.
Para prevenir inundaciones en el oriente del Valle de México, el gobierno federal ha invertido 11 mil 200 millones de pesos, informó Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Durante la conferencia mañanera, el funcionario comentó que el presupuesto fue destinado para la construcción de seis obras que se realizan de manera conjunta entre los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México, específicamente enfocados en la alcaldía Iztapalapa y en los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz.
Edomex. A un mes de avalarse la reforma judicial por la que se aplazó la elección de juzgadores para 2028, la bancada de Morena presentó la iniciativa que armoniza la legislación local con la federal. Se prevé que la propuesta sea votada el próximo 13 de julio, en periodo extraordinario de sesiones de la 62 Legislatura local. La Diputación Permanente recibió el proyecto legislativo, integrado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador parlamentario de Morena, José Francisco Vázquez Rodríguez.
La alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, libró ayer cualquier sanción por negarse a entregar información sobre el ejercicio de 898.6 millones de pesos de recursos federales a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ese órgano carece de facultades para fiscalizar dichos recursos. No obstante, el máximo tribunal aclaró que la resolución no impide que los fondos sean auditados e investigados por la autoridad federal competente. Por unanimidad, el pleno de la Corte concluyó que la fiscalización de los recursos federales ejercidos por el ayuntamiento de Acapulco en 2023 corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En consecuencia, invalidó los actos de revisión emprendidos por la ASE y cualquier sanción impuesta a servidores públicos municipales.
La inversión productiva en México creció en abril y rompió una racha de 19 meses consecutivos en contracción, impulsada principalmente por el dinamismo de la construcción, mientras que el gasto en maquinaria y equipo mantiene señales de debilidad. La Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) avanzó 5.1 por ciento anual, con cifras desestacionalizadas, y registró su primer crecimiento desde septiembre de 2024. A tasa mensual, la inversión aumentó 4.0 por ciento respecto a marzo, su mayor avance desde noviembre de 2020, de acuerdo con los registros del Inegi.
En abril del 2026 la formación bruta de capital fijo (inversión fija) que se efectúa en territorio mexicano creció 4.0% en comparación con marzo, con lo que tuvo su mayor repunte mensual desde enero del 2019 (+4.7%), sin considerar los rebotes atípicos del 2020 por la irrupción de la pandemia de Covid-19… Finalmente el pasado 1 de julio el gobierno estadounidense determinó no prorrogar el T-MEC 16 años más (hasta el 2042) y optó por la realización de revisiones anuales pues, desde su óptica, el tratado debe corregirse en algunos aspectos antes de renovarse. Por otro lado, persiste la cautela de los inversores ante el impacto en el clima de negocios de recientes reformas domésticas de gran calado, como la que instituyó el voto popular para elegir a jueces y magistrados o las aprobadas en materia de telecomunicaciones, competencia económica y energía.
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