Organizaciones defensoras de derechos humanos de América Latina advirtieron sobre el avance del autoritarismo, la criminalización de activistas y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Además, llamaron a los Estados a garantizar la protección de quienes defienden el territorio, el ambiente y las libertades fundamentales.
Por Martín García | Reportero
El avance del autoritarismo, la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas en América Latina incrementan los riesgos para quienes defienden los derechos humanos, el medio ambiente y los territorios, advirtieron organizaciones reunidas en la Juntanza Latinoamericana, al emitir un pronunciamiento conjunto sobre la situación que enfrenta la región.
Las organizaciones señalaron que diversos países atraviesan una reconfiguración del poder caracterizada por el deterioro de las garantías democráticas, el debilitamiento del Estado de derecho y la reducción de los espacios de participación ciudadana. Afirmaron que esta situación se desarrolla en un contexto donde convergen intereses de sectores gubernamentales, empresas extractivas, compañías tecnológicas y grupos del crimen organizado.
De acuerdo con el pronunciamiento, este escenario ha favorecido la concentración del poder, la polarización social y el uso de mecanismos legales y de seguridad que, sostienen, restringen el ejercicio de derechos fundamentales y afectan la participación de la sociedad en los asuntos públicos.
Alertan sobre militarización y expansión del extractivismo
Las organizaciones indicaron que distintas expresiones del autoritarismo avanzan en la región mediante el uso de regímenes de excepción, la militarización de los territorios y la aplicación de medidas que consideran desproporcionadas para atender problemas de seguridad.
También señalaron que el crecimiento de proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y de infraestructura ha incrementado los conflictos sociales y ambientales, al tiempo que cuestionaron que, en diversos casos, no se garantice el derecho de consulta previa, libre e informada de pueblos indígenas y comunidades afectadas.
Según el documento, este modelo impacta de manera diferenciada a mujeres, comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes, comunidades campesinas y personas de la diversidad sexual, quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
América Latina sigue siendo la región más peligrosa para defensores
Las organizaciones citaron datos de la Front Line Defenders, según los cuales durante 2025 fueron asesinadas 275 personas defensoras de derechos humanos en el mundo, principalmente en Colombia, seguido de México y Brasil.
El pronunciamiento sostiene que las agresiones incluyen vigilancia, campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, procesos de criminalización y persecución judicial, además de la difusión de desinformación y discursos de odio que, aseguran, incrementan los riesgos para quienes realizan labores de defensa de derechos.
Asimismo, advirtieron que estos hechos no sólo afectan a las personas defensoras, sino que también generan consecuencias ambientales como contaminación de cuerpos de agua, degradación de ecosistemas, deforestación, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de comunidades y afectaciones a los medios de vida.
Llamado a los Estados y a la comunidad internacional
En su posicionamiento, las organizaciones hicieron un llamado a la sociedad para fortalecer la solidaridad con personas y comunidades defensoras de derechos humanos y del medio ambiente.
También solicitaron a los Estados cumplir con sus obligaciones internacionales para garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, evitar acciones de criminalización y revisar los marcos legales que, a su juicio, limitan el espacio cívico.
Además, pidieron a las instituciones encargadas de la protección de personas defensoras fortalecer sus mecanismos mediante enfoques territoriales, de género, interculturales e interseccionales, así como mantener un diálogo permanente con las comunidades afectadas.
A la comunidad internacional le solicitaron mantener el acompañamiento político, técnico y financiero, así como reforzar el monitoreo sobre la situación que enfrentan las personas defensoras en América Latina.
Finalmente, las organizaciones que integran la Juntanza Latinoamericana reiteraron su compromiso de continuar acompañando a las comunidades que defienden los territorios, la democracia y los derechos humanos frente a los desafíos que enfrenta la región. –sn–
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