Expedientes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas y de la Auditoría Superior del Estado documentan presuntas irregularidades por 2 mil 423 millones de pesos durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, actualmente en proceso de judicialización.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Las investigaciones relacionadas con la administración del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acumulan observaciones por un monto de 2 mil 423 millones 433 mil pesos, de acuerdo con expedientes integrados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas y la Auditoría Superior del Estado.

Los recursos observados corresponden a presuntas irregularidades detectadas en distintas dependencias estatales durante el periodo 2016-2022, y los casos se encuentran en una etapa considerada clave dentro del proceso de judicialización.

Cinco dependencias concentran las observaciones

Según los expedientes, las investigaciones abarcan presuntos quebrantos en:

• la Secretaría de Bienestar Social;
• la Secretaría de Salud;
• la Secretaría de Finanzas;
• la Secretaría de Educación de Tamaulipas;
• el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

Las autoridades investigadoras analizan el destino de los recursos y la posible existencia de responsabilidades administrativas o penales derivadas de las observaciones formuladas durante las auditorías.

Casos avanzan hacia la judicialización

De acuerdo con la información disponible, las carpetas de investigación se encuentran en la etapa de judicialización, fase en la que el Ministerio Público determina si existen elementos suficientes para presentar los casos ante un juez.

Este procedimiento forma parte del proceso penal y no implica, por sí mismo, una resolución sobre la responsabilidad de las personas investigadas.

Auditorías documentan presuntas irregularidades

Las observaciones fueron integradas a partir de revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado y de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción.

Las auditorías constituyen mecanismos de fiscalización para revisar el uso de recursos públicos y, cuando detectan posibles irregularidades, pueden derivar en procedimientos administrativos o penales, conforme a la legislación vigente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado una resolución judicial definitiva respecto de los expedientes relacionados con estas investigaciones. –sn–

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