Organizaciones civiles advirtieron que la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio mantiene un enfoque punitivo y no atiende las deficiencias estructurales en la prevención, investigación y protección de las mujeres.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Mientras el Congreso de la Unión analiza la expedición de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio, organizaciones civiles expresaron preocupación porque la iniciativa prioriza el endurecimiento de las penas, pero no incorpora medidas suficientes para prevenir la violencia feminicida ni fortalecer la capacidad institucional para atenderla.

Las organizaciones señalaron que incrementar las sanciones penales no resolverá un problema que, afirman, continúa marcado por deficiencias en la prevención, la investigación de los delitos y la protección de mujeres en situación de riesgo.

El debate legislativo ocurre en un contexto en el que especialistas y colectivos han insistido en la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir la violencia de género, garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad en los casos de feminicidio.

Cuestionan enfoque centrado en el castigo

De acuerdo con las organizaciones, la propuesta mantiene una lógica predominantemente punitiva al privilegiar el aumento de las sanciones, sin atender las causas estructurales que permiten la persistencia de la violencia contra las mujeres.

Consideraron que una legislación integral debe contemplar mecanismos eficaces de prevención, atención temprana, protección a víctimas, investigación con perspectiva de género, reparación integral del daño y fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

Piden fortalecer prevención e investigación

Los colectivos sostuvieron que la reducción de los feminicidios requiere acciones coordinadas entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para identificar factores de riesgo, mejorar la atención a denuncias, garantizar medidas de protección oportunas y evitar la revictimización de las familias.

Asimismo, plantearon que la futura ley incorpore herramientas para mejorar la coordinación institucional, la capacitación de servidores públicos y la implementación de políticas públicas que permitan prevenir la violencia antes de que ocurra.

Debate continúa en el Congreso

La iniciativa para expedir la nueva Ley General continúa en análisis legislativo, donde se prevé la participación de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades para discutir el contenido del proyecto.

Las organizaciones hicieron un llamado a que el proceso legislativo incorpore las observaciones de colectivos de víctimas y expertos en derechos humanos, con el propósito de construir un marco jurídico que fortalezca la prevención, la investigación y el acceso efectivo a la justicia para las mujeres. –sn–

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