Seis mandos de Seguridad Pública de municipios de Puebla fueron detenidos por su presunta participación en una red de protección al crimen organizado vinculada con narcolaboratorios.

Por Jorge Hernández | Corresponsal                                     

Seis mandos de Seguridad Pública de municipios de la Sierra Norte y la Mixteca de Puebla fueron detenidos como parte de una investigación por su presunta colaboración con grupos del crimen organizado que operaban narcolaboratorios y utilizaban carreteras de la entidad para el traslado de drogas y precursores químicos.

De acuerdo con el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, las indagatorias apuntan a que los directores de las corporaciones municipales habrían instruido a elementos bajo su mando a omitir revisiones y operativos para facilitar las actividades de las organizaciones delictivas.

Las detenciones forman parte de las investigaciones que realizan las autoridades para desarticular redes de protección institucional vinculadas con actividades ilícitas en distintas regiones del estado.

Investigan presunta red de protección

Según la información proporcionada por el gobierno estatal, los mandos policiacos son investigados por presuntamente favorecer el traslado de drogas y sustancias químicas utilizadas para la elaboración de narcóticos sintéticos.

Las autoridades sostienen que la omisión deliberada de inspecciones en carreteras habría permitido la movilidad de integrantes de grupos criminales y el transporte de cargamentos sin ser detectados por las corporaciones municipales.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los detenidos ni los municipios específicos a los que pertenecían.

Continúan las investigaciones

El secretario Samuel Aguilar Pala indicó que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la presunta red de protección y establecer si existen más servidores públicos involucrados.

Los seis mandos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme avance el proceso.

Las personas detenidas conservan la presunción de inocencia y será la autoridad judicial la que determine, en su caso, su responsabilidad mediante una sentencia firme. –sn–

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