La senadora Geovanna Bañuelos solicitó investigar la entrega de subsidios del programa Viviendas del Bienestar a servidores públicos en Zacatecas y pidió revocar los apoyos si se comprueban irregularidades.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Una investigación sobre la entrega de subsidios del programa Viviendas del Bienestar a servidores públicos de Zacatecas fue solicitada por la senadora Geovanna Bañuelos, quien presentó un punto de acuerdo para que las autoridades estatales revisen la legalidad de las asignaciones y determinen posibles responsabilidades administrativas.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT) planteó que el Gobierno de Zacatecas y la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas verifiquen si la asignación de los apoyos cumplió con las reglas de operación del programa, si existieron conflictos de interés y si los recursos públicos fueron ejercidos conforme a la ley. En caso de acreditarse irregularidades, propuso revocar los subsidios e iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.

«Defender el proyecto de transformación significa ser congruentes y no gozar de privilegios», afirmó la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PT en el Senado.

Solicita auditoría y revisión del programa

El punto de acuerdo también solicita a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas y al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción realizar una revisión integral del programa mediante el cual se otorgaron subsidios para la adquisición de Viviendas del Bienestar a personas servidoras públicas.

El objetivo, explicó, es determinar si el proceso de asignación se ajustó a la normatividad vigente y, en su caso, establecer las responsabilidades administrativas o aplicar las medidas correctivas que correspondan.

Señalamientos sobre posibles beneficiarios

Geovanna Bañuelos señaló que en días recientes se difundieron versiones sobre la presunta entrega de subsidios a funcionarios del Gobierno de Zacatecas, incluidos servidores públicos de alto nivel, dentro de un programa orientado a facilitar el acceso a la vivienda mediante apoyos económicos.

Precisó que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar la veracidad de los hechos y la legalidad de cada expediente, aunque consideró que la información publicada ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de los principios de imparcialidad, equidad y correcta aplicación de los recursos públicos.

La senadora sostuvo que cualquier duda relacionada con el destino de recursos destinados a programas sociales debe ser atendida mediante investigaciones oportunas, transparentes y abiertas para garantizar la confianza ciudadana.

Programas sociales deben priorizar a quienes más lo necesitan

La legisladora recordó que el combate a la corrupción y la eliminación de privilegios forman parte de los principios impulsados por la Cuarta Transformación y afirmó que los programas sociales deben destinarse a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Explicó que los programas de vivienda tienen como propósito reducir las desigualdades y facilitar el acceso a un patrimonio para familias que carecen de vivienda propia, por lo que sus reglas de elegibilidad generalmente consideran factores como nivel de ingresos, rezago habitacional, condiciones familiares y dificultades para acceder a financiamiento.

En ese sentido, puntualizó que el análisis no busca impedir que una persona pueda acceder a un programa por ocupar un cargo público, sino verificar que ningún beneficio haya sido obtenido mediante información privilegiada, influencia institucional o condiciones distintas a las aplicables para el resto de la población.

Finalmente, Geovanna Bañuelos señaló que el manejo transparente de los recursos públicos resulta indispensable para fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar que los programas sociales cumplan con su finalidad de beneficiar a la población objetivo. –sn–

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