El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por nuevas medidas en Nicaragua que podrían restringir la participación política y profundizar el cierre del espacio cívico.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, manifestó este miércoles su preocupación por el deterioro de las libertades fundamentales en Nicaragua y advirtió que recientes decisiones del gobierno podrían restringir aún más la participación política y el ejercicio de los derechos civiles.

El pronunciamiento se produjo después de que el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, planteara la posibilidad de impulsar nuevas leyes para impedir que personas y grupos con posturas políticas discrepantes participen en procesos electorales, una medida que, de concretarse, profundizaría las restricciones al pluralismo político en el país.

El Alto Comisionado, Volker Türk, afirmó que estos acontecimientos reflejan una creciente concentración del poder y un debilitamiento del Estado de derecho, además del cierre casi total del espacio cívico y la represión sistemática de la libertad de expresión.

ONU cuestiona restricciones y detenciones

El organismo indicó que, a principios de julio, el gobierno nicaragüense revocó las credenciales de varios abogados sin ofrecer fundamentos jurídicos ni una explicación oficial.

Asimismo, señaló que al menos 46 personas continúan privadas de la libertad de manera arbitraria por motivos políticos, situación que mantiene la preocupación de la comunidad internacional sobre el respeto a los derechos humanos en el país.

Volker Türk exhortó a las autoridades nicaragüenses a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y garantizar que quienes permanezcan bajo custodia reciban un trato conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Preocupación por pueblos indígenas y libertad religiosa

El Alto Comisionado también retomó informes de organizaciones de la sociedad civil que denuncian que hasta una cuarta parte de los territorios indígenas de Nicaragua ha sido afectada por concesiones mineras y proyectos extractivos otorgados sin procesos adecuados de consulta y consentimiento libre, previo e informado.

Además, expresó inquietud por las denuncias sobre actos de represión contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas.

Entre los casos mencionados se encuentra el del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, cuyo paradero y condición, según el organismo, no han sido informados oficialmente desde su detención el pasado 29 de junio.

Llamado a restablecer el Estado de derecho

El Alto Comisionado pidió a las autoridades reabrir el espacio cívico, garantizar el Estado de derecho y respetar los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua en materia de derechos humanos.

Asimismo, sostuvo que todas las personas, independientemente de su posición política, deben tener la posibilidad de votar y postularse a cargos públicos sin restricciones incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado. –sn–

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